El alcalde de Armilla (Granada), Gerardo Sánchez (PSOE), ha defendido este lunes en la Audiencia Provincial de Granada la legalidad de la adjudicación de las obras en una rotonda de acceso a la localidad --hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de cárcel-- la cual tramitó siguiendo el procedimiento que le indicaron los técnicos, y ha afirmado que el juicio responde a un "proceso político".
Gerardo Sánchez ha mantenido en su declaración, por aproximadamente una hora ante el tribunal que lo juzga en la Sección Segunda de la Audiencia granadina, que "nadie, ni en el ámbito municipal ni en el ámbito de la empresa" mixta Armigesa encargada de las obras, le "advierte de que no era la vía correcta para llevar a cabo la actuación", y que "hubiera sido ilógico hacerlo de otra manera" porque existía esta empresa constituida para la gestión de residuos y mantenimiento de jardinería y limpieza en el municipio granadino de Armilla.
La decisión de llevar a cabo las obras de remodelación y ajardinamiento las toma él "como impulsor de los temas municipales" pues la rotonda debía estar acondicionada "acorde a la entrada de una ciudad como Armilla"; y para activar el procedimiento reunió, como era habitual, a los responsables de Secretaría e Intervención así como a los jefes de servicios de Contratación y Urbanismo, y el arquitecto municipal quienes dieron el "visto bueno" al proyecto que ha supuesto el contrato "más grande de la historia" del municipio.
El fiscal también solicita en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, 16 años de inhabilitación para el regidor y pide las mismas penas para el gerente de la empresa mixta Armigesa y para el jefe del área de Urbanismo, a los que atribuye los mismos delitos que a Sánchez.
Sánchez, que ha indicado que sus "conocimientos jurídicos son básicos" --los que le "ha dado la experiencia" en sus años como cargo público--, ha resaltado que no hubo ningún comentario ni informe que le indicaran "eso no se puede hacer" o "eso hay que hacerlo de otra manera" y que, de haberlos habido, los habría atendido.
"Actué con toda la tranquilidad del mundo porque seguía todas las indicaciones" de los técnicos comenzando por la petición de permiso al propietario de los suelos, el Ministerio de Fomento, ha aducido defendiendo además que el procedimiento fue el mismo que se siguió para otras obras como la de los jardines de entrada de la Base Área, si bien ha reconocido que fue "la primera vez" que se optó por financiar los trabajos con cargo a los dividendos del Ayuntamiento como socio de la empresa Armigesa que contemplaba en su "contrato matriz" esa posibilidad.
En declaraciones a los medios previas al inicio del juicio, Gerardo Sánchez ha expresado su confianza en la justicia y en ser absuelto, y ha recordado que el proceso parte de "una denuncia presentada en el año 2011 por el Partido Popular en la que pretende, simplemente, judicializar la vida política en Armilla y conseguir en estos tribunales lo que no se consigue en las urnas".
La causa fue archivada en su momento por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, pero se reabrió a raíz del recurso presentado por el PP de Armilla, partido del que partió la denuncia cuando estaba gobernando en el Ayuntamiento de la localidad.
El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Armilla y exalcalde de la localidad, Antonio Ayllón, que está citado a declarar como testigo de la acusación popular que ejerce su partido, ha señalado a la prensa que "se hizo una obra por valor de 276.000 euros sin ningún procedimiento" administrativo "ni consignación presupuestaria ni nada de nada".
Ayllón ha rechazado, en este sentido, que haya motivación política tras la denuncia, pues "es una cuestión puramente administrativa que un político encarga una cuestión saltándose todos los procesos que marca la ley en cuanto a los contratos y a la administración de cualquier Ayuntamiento".
Los hechos se remontan a marzo de 2010, cuando el alcalde de Armilla --y también presidente del consejo de administración de Armigesa-- y el gerente de la entidad, ambos acusados, decidieron ejecutar con cargo a los fondos públicos del Ayuntamiento las obras de remodelación y ajardinamiento de la rotonda existente en el término municipal, bajo la A-44, en unos terrenos cuya titularidad es el Ministerio de Fomento.
Sostiene el fiscal que lo hicieron "prescindiendo de todas y cada una de las garantías del procedimiento administrativo preceptivamente aplicable a la envergadura y naturaleza de las obras", eludiendo de forma fraudulenta la normativa.
El proyecto fue objeto de una memoria de actuaciones suscrita el 21 de abril de 2010 por la mercantil FCC --socio privado en la empresa mixta Armigesa-- y, por "decisión unilateral" del regidor, que lo encargó a esta misma sociedad, de otra 'memoria valorada' inicialmente presupuestada en 292.786 euros que se decidió llevar adelante para ser ejecutada con los recursos humanos y logísticos de FCC como subcontratista.
Esto se tomó por decisión de Armigesa, "sin someterse a ningún procedimiento negociado de licitación, consignación presupuestaria previa, ni fiscalización y contabilización del gasto previsto y de la ejecución del mismo", no existiendo además expediente y contando con la aprobación "de facto" del jefe de área de Urbanismo, un cargo de libre designación. Esta persona también está acusada al entender el fiscal que pese a conocer estos "reparos" en la tramitación del proyecto no se opuso e "impulsó materialmente" su ejecución.
Para "justificar" esta actuación en terrenos que eran de titularidad estatal, el alcalde solicitó autorización al Ministerio de Fomento para llevarla a cabo, permiso que recibió una vez que ya habían culminado las obras con un coste de 276.259 euros y dos días después de la proclamación oficial de los resultados de las elecciones municipales de mayo de 2011.
Por su parte, la empresa mixta Armigesa cambió sus estatutos para poder actuar incluso fuera de la demarcación propia del municipio y poder legitimar así la realización de estas obras en unos terrenos del Ministerio de Fomento.
Sostiene la Fiscalía que, con el objetivo de que el proyecto sorteara el control de los órganos de gobierno del Ayuntamiento, "no existió licencia de obras alguna, por entenderla los acusados innecesaria; como también se tuvo por innecesaria la licencia urbanística, cuyo lugar ocuparía la 'memoria valorada'".
En diciembre de 2011, Armigesa giró contra el Ayuntamiento de Armilla su factura de 276.259 euros, ante lo que expuso reparos la secretaría por no constar expediente; el arquitecto técnico de la corporación, al no poder visar ni la factura ni las certificaciones de obra emitidas, y el interventor, por haberse prescindido de los requerimientos presupuestarios y contables, así como del trámite de previa fiscalización.
La Fiscalía considera que los hechos descritos son constitutivos de dos delitos contra la Administración Pública, uno de prevaricación administrativa perpetrado por funcionario público y otro de malversación de caudales públicos.
Por el delito de prevaricación solicita para los tres acusados la pena de ocho años de inhabilitación y por el de malversación cuatro años de prisión y otros ocho de inhabilitación.
Está previsto que el juicio continúe este martes con las declaraciones de peritos y testigos propuestos por la defensa, estando señalada la vista oral también para el miércoles cuando las partes informarían de sus conclusiones definitivas.
