El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, acudía a la capital gaditana en la jornada de hoy con la intención de impulsar a “los organismos públicos: Junta y Ayuntamiento”, para que así de “manera común diseñen unas medidas concretas, así como una hoja de ruta, a medio y largo plazo” para solucionar el problema de la vivienda y así ver “que vamos en la buena dirección”.
Maeztu se reunía con el alcalde de la ciudad, José María González, así como su oficina atendía a las citas pendientes en la capital gaditana.
Dijo que “estoy muy preocupado. En la emergencia habitacional, los números son de tal magnitud que las medidas que se vayan a poner no podrán satisfacer ni la mitad de las necesidades que hay”, matizó el Defensor del Pueblo Andaluz. A su juicio, la “situación es difícil y compleja. La crisis frenó mucho, los efectos siguen y las capas débiles son las más afectadas”.
Cadiz tiene características específicas y propias con 6.545 inscritos en el Registro de Demandantes de vivienda, de los que “3.521 tienen un ingreso inferior al IPREM. No pueden abonar ni los gastos de luz y agua, por otro lado 4.100 viviendas vacías”. Entre los datos facilitados agregó que hay “46 fincas con 237 infraviviendas ocupadas, en el borrador del plan municipal de vivienda; 120 fincas con 648 viviendas vacías en mal estado”.
Logros y críticas
Por su parte, el alcalde repasó todos los logros alcanzados desde que llegara al sillón de Alcaldía. Justificó en primer lugar el problema de la vivienda en “el alto índice de desempleo que dificilita el acceso a la vivienda y la escasez y carestía del suelo”.
Como cifras reiteró que hay 7.000 personas que componen la lista de demandantes de vivienda. “Una demanda cuatro veces mayor a la media de Andalucía; mientras que al mismo tiempo, la Junta cierra la Oficina de Rehabilitación y no puso en marcha las ayudas a la eliminación de infravivienda, ni hay medidas para los promotores públicos, ni para paliar las viviendas vacías”.
Como ejemplo puso que en 2014 no se convocaron las ayudas al alquiler. Había “una partida de más de 14 millones de euros. En 2015, el convenio de colaboración, recogía 24 millones y se destinaron al final 15 millones. Respecto a 2016, con más de 1.000 solicitudes aún no han sido resueltas”, señaló el regidor gaditano. Con mucho retraso, también se refirió a las ARRU 2013-2016 (áreas de renovación y regeneración urbana).
También habló de la promoción de Matadero con 102 viviendas que “está pendiente y que se abra el estudio de detalle para su tramitación, así como la séptima fase del Cerro del Moro”.
Dentro de la política municipal, afirmó que en “los últimos 15 años sólo se han procurado 24 viviendas de alquiler social, las últimas en 2009, el resto de promociones han sido para compra o alquiler con opción a compra”. Según González, “no se da respuesta , no se ajusta ni al perfil ni a la necesidad”.
También criticó que “durante 2014 se declarara a la empresa municipal procasa como sociedad no de mercado, al acometer la residencia de mayores Micaela Aramburu. Procasa no puede buscar líneas de financiación y está atada de pies y manos”. Sin embargo, con la llegada del nuevo Gobierno local se han emprendido “otras acciones”, tales como el protocolo antidesahucio; el acuerdo con el Decanato de los jueces, el Observatorio para la Vivienda, la mesa tripartita, los talleres sobre registros, el mapa de la infravivienda, contratar un nuevo estudio sobre censo de viviendas vacías o la ordenanza del alquiler social”.
El alcalde afirmó que “no estamos en la línea equivocada y básicamente lo que demanda el Defensor del Pueblo es lo mismo que demanda el Ayuntamiento de Cádiz: colaboración entre instituciones para solucionar uno de los grandes problemas de nuestra ciudad”.
