El presidente del PP isleño, José Loaiza, ha reclamado al gobierno municipal y al resto de formaciones que conforman el arco parlamentario local, unir fuerzas para solicitar al gobierno de la Junta de Andalucía distintas medidas que favorezcan la formación profesional en el ámbito naval.
Loaiza argumentó la petición de su partido en el hecho de que Navantia se ha sobrepuesto en el último lustro a la más dura crisis económica de la historia democrática. “Lo ha hecho pese a partir de una situación de quiebra técnica”, afirma. La empresa no suscribía un contrato desde el año 2008 y acumulaba deudas por la ejecución de los Buques de Acción Marítima (BAM) y el impago de los trabajos facturados a Venezuela. Sin embargo, entre 2012 y 2016, el equipo comercial ha conseguido 16 nuevos contratos y hay otros a punto de cerrarse, como el de las corbetas de Arabia, que garantizan la viabilidad de los astilleros. La probada experiencia y profesionalidad de los trabajadores y la solvencia y solidez de la industria auxiliar han sido los mejores argumentos para conseguir carga de trabajo. Asimismo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha expresado en reiteradas ocasiones, los hechos lo demuestran además, que las factorías gaditanas son prioritarias. No hay ningún proyecto de construir un mega astillero en el norte de España ni ninguna otra descabellada estrategia secreta para llevar a cabo el desmantelamiento de las factorías de Cádiz, Puerto Real, San Fernando. Justo todo lo contrario.
El líder del PP recuerda que “convendría centrar el debate en lo verdaderamente prioritario, una vez que los astilleros han garantizado años de trabajo y ha reorientado la política comercial, con proyectos civiles y militares, como nunca antes había hecho. El sector naval no puede formar parte del debate partidista porque declaraciones como las del líder de Podemos sobre los contratos de Arabia “pueden joder a 10.000 familias”, en palabras el presidente del comité de empresa del astillero de San Fernando”.
Por ello es necesario acometer las actuaciones pendientes y necesarias para renovar la edad media de las plantillas y facilitar el reciclaje y la profesionalización de la mano de obra, así como incentivar la innovación y la excelencia.
La Junta de Andalucía suma, a la crisis sanitaria, la paralización de la formación en toda la comunidad y muy especialmente en la provincia. Los cursos ofertados por la Administración autonómica llegan tarde y mal, de acuerdo a las denuncias de los representantes de los trabajadores de Navantia, al no estar homologados y, por tanto, no garantizar la inserción laboral. El Centro de Técnicas Industriales de San Fernando se ha cerrado de forma unilateral por la Junta de Andalucía y no hay visos de que se reabran las instalaciones. Y otras iniciativas anunciadas por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, se han quedado sobre el papel.
En el caso del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica y Naval, la Junta sólo ha firmado un convenio a finales de septiembre pasado para definir “sus características esenciales, su modelo de ejecución, su financiación y los mecanismos de colaboración entre los agentes que vayan a participar en el mismo”.
Pero, siempre según la información oficial del Gobierno de la Junta, este año tendrían que haberse ejecutado una inversión de 5,5 millones de euros con cargo a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), que no se han invertido. Además del incumplimiento se suma una reducción del 40% en la partida destinada al centro en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía y la inconcreción en cuanto a los plazos de ejecución del proyecto, “dos o tres años”, sin calendario, ni plazos fijos, generan incertidumbre y nos lleva a desconfiar de las buenas intenciones.
Por otra parte, Susana Díaz se comprometió a llevar a cabo una inversión de tres millones de euros “para la modernización y competitividad de los astilleros gaditanos tan pronto como se concrete la nueva carga de trabajo”. Este anuncio lo hizo en junio de 2014. Desde entonces, se ha concretado más carga de trabajo pero Susana Díaz no ha vuelto a hablar de los tres millones de euros.
Finalmente, los avances del clúster naval son tímidos. Aunque para los representantes de los trabajadores simplemente “el clúster no existe”. Esta Diputación Provincial anunció en numerosas ocasiones su participación en el clúster e incluso firmó un convenio para únicamente la elaboración de una página web que a día de hoy ni siquiera existe.
Por ello Navantia se ha sobrepuesto en el último lustro a la más dura crisis económica de la historia democrática. Lo ha hecho pese a partir de una situación de quiebra técnica. La empresa no suscribía un contrato desde el año 2008 y acumulaba deudas por la ejecución de los Buques de Acción Marítima (BAM) y el impago de los trabajos facturados a Venezuela. Sin embargo, entre 2012 y 2016, el equipo comercial ha conseguido 16 nuevos contratos y hay otros a punto de cerrarse, como el de las corbetas de Arabia, que garantizan la viabilidad de los astilleros.
La probada experiencia y profesionalidad de los trabajadores y la solvencia y solidez de la industria auxiliar han sido los mejores argumentos para conseguir carga de trabajo. Asimismo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha expresado en reiteradas ocasiones, los hechos lo demuestran además, que las factorías gaditanas son prioritarias. No hay ningún proyecto de construir un mega astillero en el norte de España ni ninguna otra descabellada estrategia secreta para llevar a cabo el desmantelamiento de las factorías de Cádiz, Puerto Real, San Fernando. Justo todo lo contrario.
Las amenazas a Navantia son otras. Convendría centrar el debate en lo verdaderamente prioritario, una vez que los astilleros han garantizado años de trabajo y ha reorientado la política comercial, con proyectos civiles y militares, como nunca antes había hecho. El sector naval no puede formar parte del debate partidista porque declaraciones como las del líder de Podemos sobre los contratos de Arabia “pueden joder a 10.000 familias”, en palabras el presidente del comité de empresa del astillero de San Fernando. Pero, hay que centrar el debate: es necesario acometer las actuaciones pendientes y necesarias para renovar la edad media de las plantillas y facilitar el reciclaje y la profesionalización de la mano de obra, así como incentivar la innovación y la excelencia.
La Junta de Andalucía suma, a la crisis sanitaria, la paralización de la formación en toda la comunidad y muy especialmente en la provincia. Los cursos ofertados por la Administración autonómica llegan tarde y mal, de acuerdo a las denuncias de los representantes de los trabajadores de Navantia, al no estar homologados y, por tanto, no garantizar la inserción laboral. El Centro de Técnicas Industriales de San Fernando se ha cerrado de forma unilateral por la Junta de Andalucía y no hay visos de que se reabran las instalaciones. Y otras iniciativas anunciadas por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, se han quedado sobre el papel.
En el caso del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica y Naval, la Junta sólo ha firmado un convenio a finales de septiembre pasado para definir “sus características esenciales, su modelo de ejecución, su financiación y los mecanismos de colaboración entre los agentes que vayan a participar en el mismo”.
Pero, siempre según la información oficial del Gobierno de la Junta, este año tendrían que haberse ejecutado una inversión de 5,5 millones de euros con cargo a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), que no se han invertido. Además del incumplimiento se suma una reducción del 40% en la partida destinada al centro en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía y la inconcreción en cuanto a los plazos de ejecución del proyecto, “dos o tres años”, sin calendario, ni plazos fijos, generan incertidumbre y nos lleva a desconfiar de las buenas intenciones.
Por otra parte, Susana Díaz se comprometió a llevar a cabo una inversión de tres millones de euros “para la modernización y competitividad de los astilleros gaditanos tan pronto como se concrete la nueva carga de trabajo”. Este anuncio lo hizo en junio de 2014. Desde entonces, se ha concretado más carga de trabajo pero Susana Díaz no ha vuelto a hablar de los tres millones de euros.
Finalmente, los avances del clúster naval son tímidos. Aunque para los representantes de los trabajadores simplemente “el clúster no existe”. Esta Diputación Provincial anunció en numerosas ocasiones su participación en el clúster e incluso firmó un convenio para únicamente la elaboración de una página web que a día de hoy ni siquiera existe.
Por ello, José Loaiza solicita la “unión de todos los partidos que representamos a los isleños” a la hora de pedir a la Junta de Andalucía que acuerde con Navantia y los representantes de los trabajadores la oferta formativa en relación con el sector naval, garantizando la inversión necesaria para 2017, así como la homologación de los cursos para facilitar la inserción laboral.
De la misma forma el líder popular solicita que la administración autonómica a asumir en solitario la liquidación del Centro de Técnicas Industriales de San Fernando y a su reapertura en el año 2017. Igualmente exige al gobierno de la Junta de Andalucía a que, de acuerdo con las demandas de Navantia, invierta en 2017 los tres millones de euros comprometidos en su día para la modernización y la competitividad de los astilleros gaditanos.
Por último el PP quiere que la Junta de Andalucía incremente en 2017 en 9 millones de euros la inversión prevista para el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica y Naval y a confeccionar un calendario de ejecución de dicho proyecto.
“El empleo, en general, y el sector naval en la provincia, en particular, son cosa seria. Pero no es una cuestión de dignidad política exclusivamente. Se trata de actuar con responsabilidad, de arrimar el hombro y de cumplir. El futuro de astilleros está garantizado con carga de trabajo, pero hay que garantizar al tiempo la formación y la inversión en innovación”, concluyó.
