El grupo municipal Jaén en Común (JeC) sigue acentuando su ofensiva contra las concesionarias de servicios públicos municipales. Tras apoyar en su día la petición de una auditoría para la empresa de autobuses Castillo, ahora llevan al Pleno del Consistorio una moción reclamando una auditoría pública a Aqualia.
Según el portavoz de JeC, Manuel Montejo, desde su privatización en 1997, la empresa ha recaudado más de 150 millones de euros, un periodo en el que los costes se habrían triplicado y los precios del servicio (con una factura media de 287 euros en una familia de cuatro miembros) son de los más altos del país. Sin embargo, pese a que a nivel nacional la empresa arroja beneficios cada año, en Jaén alega en cada ejercicio la existencia de déficit y supuestamente pérdidas, ya que los únicos beneficios que reconoce es el 15% de beneficio industrial, aproximadamente un millón de euros anuales como subvención municipal. Pero, teniendo en cuenta los 21 millones recaudados por la empresa del canon de mejora, y los 22 millones que la empresa debería haber invertido en las dos últimas décadas, Montejo concluyó que “la privatización del agua le cuesta al Ayuntamiento seis millones al año”.
Por todo ello, y teniendo en cuenta la “falta de control y de transparencia” en la concesión (que se hizo por un periodo de 30 años), y la “mala calidad del servicio” (aludieron a las fugas por encima del 25%t o a los vertidos ilegales en zonas como Loma del Royo), Jaén en Común considera “imprescindible” la realización de una auditoría a Aqualia y que, en caso de confirmarse las irregularidades en la gestión, se apliquen las sanciones correspondientes, sin descartar pedir el rescate o secuestro de la concesión. Montejo cree que “hay elementos” suficientes de falta de transparencia que podrían aconsejar volver a municipalizar el servicio.
JeC presenta otra moción con medidas contra la pobreza energética, donde se garanticen los suministros básicos a las familias sin recursos. La edil Sara Martínez reclamó que las compañías no corten la luz o el gas por falta de pago, sin antes haber informado a los servicios sociales municipales. Según el último estudio difundido por Cáritas, en Jaén hay 24.500 hogares que sufren pobreza energética.
