El que fuera gerente del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada y actual director de Obras Municipales en la capital, Manuel Lorente, ha negado este martes en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada la existencia de una trama corrupta en la ciudad, y ha enmarcado su actuación, tanto profesional como personal, en la "absoluta legalidad".
Lorente, que fue uno de los detenidos en el marco de la 'Operación Nazarí', en la que también resultó arrestado el entonces alcalde, José Torres Hurtado, y la ya exedil de Urbanismo, Isabel Nieto, ha comparecido durante casi dos horas ante la titular del Juzgado, la magistrada Mª Ángeles Jiménez, y la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Sara Muñoz Cobo, a las que ha respondido todas sus preguntas.
Así lo ha señalado a los periodistas el letrado de este alto cargo de Urbanismo, Ernesto Osuna, que ha indicado que su cliente ha mantenido su "absoluta corrección" en su proceder en su trabajo profesional y vida personal y ha negado cualquier conducta ilegal o de favorecimiento a determinados promotores inmobiliarios.
Se le ha interrogado por la participación que ha tenido en relación a determinadas operaciones urbanísticas, por los cambios en los puestos de trabajo que ha tenido dentro del mismo área de Urbanismo y por sus relaciones personales con determinados empresarios de la construcción. Lorente ha aclarado que en algunos casos no tiene nada que ver con esas operaciones, y no intervino y ha aportado documentación sobre los asuntos por los que ha sido cuestionado y que sí afectaban a su servicio.
Osuna, que defiende a otros funcionarios investigados en la causa, ha indicado que las preguntas han ido en la misma línea que en anteriores interrogatorios, y ha reiterado, como ya ha hecho en otras ocasiones, que en este caso hay una "interpretación alternativa" de la norma urbanística en cuanto a las condiciones de determinadas expedientes urbanísticos de importancia de la ciudad de Granada.
Por ello, cree que los particulares que han denunciado el asunto "han hecho una interpretación alternativa que a ellos les resulta más conveniente por las razones que sean" y que "lleva a una lectura del urbanismo" similar a la que se dio en el caso del Palacio de Hielo, por el que José Torres Hurtado fue imputado inicialmente y que finalmente fue archivado.
"Todos esos procedimientos, como eran interpretaciones que se apartaban de la normalidad desde el punto de vista urbanístico, acabaron en autos de sobreseimiento libre o en sentencia absolutoria", ha mantenido el letrado, que ha mostrado su confianza en la "honradez" de sus clientes.
Además de Lorente, el Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha acogido la declaración del interventor del Ayuntamiento, también detenido en la 'Operación Nazarí', quien ha incidido en que es ajeno a la política urbanística en el Consistorio y a los hechos que se están investigando, según ha indicado su abogado, José Antonio Rodríguez Hervás.
También el investigado, que lleva en la Intervención de 2006, ha señalado que en algunos de los asuntos investigados ni siquiera ejerció funciones de interventor o tenía sus funciones delegadas, por lo que ha confiado en el sobreseimiento del caso.
DIECISIETE INVESTIGADOS
En el caso ya han comparecido un total de doce de las diecisiete personas investigadas. El primero fue un registrador de la propiedad, seguido del empresario y presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Edificios de Granada (ACP), Enrique Legerén, la apoderada de la empresa de Romero JJ Consulting, el empresario Roberto García Arrabal, el consejero delegado de Casería de San Jerónimo, empleado de Romero, el promotor José Julián Romero, un funcionario ya jubilado del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, el interventor municipal, y otros cuatro altos cargos de Urbanismo.
Este miércoles será el turno de la secretaria general del Ayuntamiento y la exconcejal de Urbanismo, y para el jueves está prevista la declaración del exalcalde José Torres Hurtado. En la última jornada, el 17 de mayo, acudirán a la sede judicial dos de los investigados que aplazaron sus declaraciones en semanas anteriores.
El Juzgado de Instrucción 2 investiga, tras la querella del Ministerio Público, la alteración y modificación presuntamente fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora 35 de Granada que tenía por objeto la ejecución de un pabellón deportivo.
A las diligencias de Instrucción 2 se acumularon como pieza separada otras del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, incoadas también en virtud de querella de la Fiscalía interpuesta tras las investigaciones efectuadas por presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.
Asimismo, de las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF pueden resultar, según informó en su día la Fiscalía General del Estado, "irregularidades en otros expedientes tramitados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, que se están investigando".
Torres Hurtado e Isabel Nieto fueron puestos en libertad con cargos el pasado día 13 de abril tras ser detenidos y declarar en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental por su presunta implicación en una supuesta trama corrupta en el área de Urbanismo.
En las diligencias, declaradas secretas, se están investigando presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó desde primera hora de la mañana del pasado 13 de abril un dispositivo que incluyó registros en el despacho de la secretaria general del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen; y en la sede de Urbanismo, en la plaza Gran Capitán, de donde la Policía sacó cajas con documentación.
Asimismo registraron varios domicilios, entre ellos la casa del alcalde, y empresas de Granada. Tras los registros, los detenidos fueron conducidos a la sede policial para declarar. Torres Hurtado, que fue retenido durante unas horas en su casa, con motivo del registro, fue trasladado después al Ayuntamiento y con posterioridad a la Jefatura de Policía.
