La Mesa Directiva del Colegio Profesional en el que se integran los arqueólogos colegiados de Sevilla y Huelva se personará como acusación particular ante los "expolios" registrados en la zona arqueológica de Huelva, el último a finales de la semana pasada.
La decisión se ha adoptado en una reunión celebrada este fin de semana,tras tener conocimiento de nuevos movimientos de tierra en el yacimiento prehistórico e histórico, declarado Bien de Interés Cultural, de la Orden-Seminario, después del expolio registrado el pasadodiciembre.
En un comunicado, el presidente de la Sección de Arqueología del colegio, Jacobo Vázquez, ha explicado que se han concretado los pasos a seguir desde esta institución ante lo sucedido.
"Los hechos acontecidos en parcelas de titularidad pública, y además sobre un Bien de Interés Cultural, no hacen más que evidenciar las grandes carencias que tenemos en Andalucía para proteger el inmenso Patrimonio Arqueológico del expolio y la destrucción", ha precisado.
En su opinión, "los atentados patrimoniales en Andalucía, lejos de ser hechos aislados, son un constante goteo desde hace ya más de dos décadas", y "los expolios son achacables tanto a intereses particulares como de las administraciones públicas, aunque muchas veces no son otra cosa que una falta de comunicación entre las propias administraciones públicas".
Ha indicado que solicitarán a la Fiscalía que "al menos investigue si en el caso del expolio del yacimiento onubense pudieran existir responsabilidades más allá de la del maquinista", pues "el nuevo expolio deja claro que los propietarios de los terrenos expoliados, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Huelva, no han cumplido con su deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores, como la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, negro sobre blanco, establece".
Para el Colegio Profesional de Arqueólogos de Sevilla y Huelva, no obstante, "lo preocupante es que en la práctica no existe por parte de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos una verdadera política de gestión, protección y conservación del patrimonio arqueológico".
