El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado registrar una empresa en La Haya (Holanda) que creó dos sociedades pantalla que presuntamente habrían sido utilizadas por Oleguer Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generaltitat de Cataluña, para abonar más de 11 millones en supuestas comisiones ilegales, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El magistrado ha cursado una comisión rogatoria a las autoridades de los Países Bajos que permite la entrada de los agentes en el grupo ITPS, que creó dos sociedades instrumentales (Marway y Ard Choille) que habrían sido utilizadas por el menor del clan Pujol para introducir en el mercado, de espaldas al fisco, capitales procedentes de la venta de 1.152 oficinas del Banco Santander, que se cerró por un total de 2.177,38 millones de euros.
Los investigadores, que desconocen la identidad de los verdaderos propietarios de estas empresas y el concepto por el que se realizaron los pagos, rastrean una transferencia de 6,2 millones de euros que Oleguer Pujol habría hecho a Marway y otra de 5 millones con destino a Ard Choille.
La compañía ITPS, filial del bufete de abogados experto en asuntos tributarios Broers and Macdonald, ofrece a sus clientes "servicios integrales en la planificación y estructuración tributaria internacional combinada con una absoluta confidencialidad".
PIEZA SECRETA
El registro se produce en el marco de la pieza secreta en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga a Oleguer Pujol Ferrusola y sus hermanos Jordi, Josep y Pere por actividades económicas que podrían ser constitutivas de los delitos de corrupción y falsedad documental.
Estas pesquisas, impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, tienen como origen el sumario en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 rastrea el patrimonio y las actividades económicas de Oleguer Pujol.
Oleguer Pujol está imputado en ese procedimiento principal por fraude fiscal y blanqueo de capitales junto a su exsocio en la firma Drago Capital Luis Iglesias. El juez les citó a declarar los pasados días 14 y 15 de julio aunque pospuso sin fecha las comparecencias a la espera de recibir varios informes de la UDEF y la Agencia Tributaria.
Sus tres hermanos, sin embargo, no se encuentran imputados por el momento en este procedimiento, según señalaron las citadas fuentes jurídicas, que añadieron que las nuevas pesquisas constituyen una ampliación de la primera investigación, que se abrió en octubre de 2014 a partir de una querella interpuesta por Guanyem Barcelona y Podemos.
COMPRA DE INMUEBLES
Entre las operaciones que investiga el juez Pedraz se encuentra la operación firmada en noviembre de 2007 por la que la empresa Samos Servicios y Gestiones adquirió 1.152 sucursales del Banco Santander por un total de 2.177,38 millones de euros. También existen sospechas por la compra de un hotel en Canarias por valor de ocho millones de euros que se habría abonado con fondos procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
En marzo pasado el juez rechazó proceder al embargo de la parte de la venta del edificio del Grupo Prisa en la Gran Vía de Madrid que le correspondería como socio de la compañía Drago Real Estate Partners, propietaria de la mitad del capital de la empresa que se hizo con el inmueble.
Los fiscales Anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda consideran que las operaciones financieras investigadas podrían contener "elementos de defraudación tributaria" con "relevancia criminal", tras los registros en el piso y despacho de Oleguer Pujol del 23 de octubre de 2014, y después de que la Agencia Tributaria haya puesto de manifiesto en al menos tres informes, "de una manera más o menos extensa", que en la actuación de Pujol e Iglesias existen "elementos de defraudación tributaria que tienen relevancia criminal".
En relación con el resto de miembros del clan Pujol, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironès, por haber cobrado presuntamente comisiones ilegales a empresarios a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos por parte de administraciones públicas catalanas.
