En la sentencia notificada ayer, la sección segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal condena a Kamal Ahbar y a Samir Tahtah a 9 años de prisión por integración en organización terrorista, a Mohamed El Idrissi a 5 años de cárcel por colaboración y a Hamed Hamu a dos años por falsificación.
De los catorce procesados, doce se encontraban en prisión, de los que nueve fueron puestos en libertad el pasado 24 de marzo por el tribunal ante el estado de las deliberaciones de la sentencia tras haberles juzgado entre el 23 de febrero y el 13 de marzo.
La sentencia considera probado que los miembros de esta célula, liderada por Ahbar y Tahtah, participaron en el envío de muyahidines a Irak, entre ellos alguno de los presuntos autores del 11-M, que tras huir de España lograron perpetrar atentados suicidas en dicho país árabe.
En concreto asegura que la red propició la salida de España de Mohamed Alfalah, Mohamed Belhadj, Daoud Ouhanne, Said berraj, Otman el Mouhib y Abdellilah Hriz, éste último condenado en Marruecos a 20 años por su implicación en el 11-M.
Sin embargo se ha visto obligada a absolver a la mayor parte de los procesados por “injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones”, ya que no consta que el Juzgado de Instrucción “haya emitido ningún acto motivado en el que se haya hecho una mínima ponderación de los derechos fundamentales en juego”.
La instrucción de esta causa correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Baltasar Garzón, aunque cuando se puso en marcha la operación Tigris éste se encontraba en Estados Unidos con un permiso por estudios, por lo que entonces estaba al frente el juez Fernando Grande-Marlaska.
Según explica el tribunal, “existe una cadena de confusas resoluciones que posiblemente sean el origen del problema”.
