La Junta de Andalucía va "a mejorar los sistemas de vigilancia" sobre las viviendas públicas de su propiedad, a pesar de que "es muy difícil" realizar el control sobre un parque "tan amplio" y, además, con el "inconveniente añadido" de que en muchas ocasiones los contratos "no tienen refrendo público".
Así lo ha indicado este jueves en Jaén el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, a preguntas de los periodistas sobre el desalojo de una pareja y su bebé de una vivienda protegida en La Rinconada (Sevilla) que compraron ilegalmente en 2010 a una mujer que, a su vez, la había comprado ilegalmente a la inquilina adjudicataria de este inmueble en régimen de arrendamiento.
López, que ha partido de "la premisa" de que el parque público de la comunidad "es muy amplio" y cuenta con unas 80.000 viviendas, ha incidido en que es "ilegítimo que una persona que tiene un alquiler social acabe haciendo uso de lo que no es su potestad, que es trasmitir la vivienda".
"Es muy difícil tener vigilancia en 80.000 viviendas cuando, además, se trata de contratos que no tienen ningún refrendo público, no hay ninguna notaría por medio que exija documentación para saber si la transmisión tiene fundamento jurídico o no", ha comentado.
En cualquier caso y a pesar de los problemas de el número de inmuebles y el "inconveniente añadido de que no es posible muchas veces seguir el rastro de documentos que son de carácter absolutamente privado aunque sea de naturaleza ilegal", ha afirmado que se van "a mejorar los sistemas de vigilancia".
Con respecto al caso concreto de La Rinconada el consejero ha dicho que "la Consejería lo que va a hacer es plantear que la vivienda que es propiedad de la Agencia Andaluza de la Vivienda no sea mal utilizada" y, posteriormente, "dé lugar a un conjunto de equívocos que da a la postre a un desahucio de una familia a la que afortunadamente" el Ayuntamiento de la localidad ha buscado una "solución habitacional".
De hecho, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ya ha anunciado que va a emprender un "procedimiento administrativo" para recuperar la vivienda protegida en régimen de alquiler correspondiente al primero B del número tres de la plaza de los Inventores.
El procedimiento judicial deriva de una denuncia de la legítima adjudicataria de la vivienda, a quien no habría satisfecho los pagos la mujer a la que había vendido ilegalmente el inmueble, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
