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Miércoles 27/11/2024
 
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Las ONGs egipcias consideran nueva ley antiterrorista una herramienta represiva

"Las organizaciones firmantes señalan que la ley descansa sobre una amplia y vaga definición de acciones por las que individuos o grupos pueden ser designados terroristas"

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Una veintena de ONG egipcias criticaron hoy la recién promulgada ley antiterrorista, al asegurar que tras su entrada en vigor "grupos de defensa de los derechos y partidos políticos podrán ser tildados de terroristas".

"Las organizaciones firmantes señalan que la ley descansa sobre una amplia y vaga definición de acciones por las que individuos o grupos pueden ser designados terroristas", reza un comunicado firmado por 21 grupos, entre ellos el "Instituto El Cairo para el Estudio de Derechos Humanos" o la ONG "Hisham Mubarak".

La norma, promulgada por el presidente Abdelfatah al Sisi el pasado 24 de febrero, estipula como "entidad terrorista toda asociación u organización que tenga el objetivo de alterar el orden público o amenazar la seguridad o los intereses de la sociedad", así como las que instiguen a ello.

La ley también establece que un grupo terrorista es el que amenace las libertades y los derechos de la población, y dañe la unidad nacional, la propiedad pública y privada, y los lugares de culto, entre otros.

Para las ONG egipcias esta nueva ley, compuesta de 10 artículos, "erosiona las garantías consagradas en la Constitución y en los compromisos internacionales" alcanzados por Egipto.

"También socava la libertad de reunión pacífica, la libertad de formar asociaciones civiles y partidos políticos y la libertad de prensa, opinión y expresión", insiste el comunicado.

Las organizaciones concluyen que la norma y otras leyes similares "solo sirven para constreñir aún más la esfera pública y política en Egipto" y como "herramienta contra políticos y toda voz independiente que critique la actuación del Gobierno y exprese sus opiniones de manera pacífica".

El presidente egipcio concentra en su mano tanto el poder ejecutivo como el legislativo ante la ausencia de la Cámara Baja del Parlamento, que lleva disuelta desde 2012.

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