La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará este miércoles al exalcalde socialista de Burguillos (Sevilla) José Juan López por conceder decenas de autorizaciones y licencias de primera ocupación para diversas urbanizaciones pese a que las mismas carecían de conexión con el abastecimiento energético y mediaban informes técnicos y jurídicos contrarios a la entrega de tales licencias, hechos por los que la Fiscalía le pide cinco años de cárcel y 18 de inhabilitación.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juicio se celebrará este miércoles, a partir de las 10,00 horas, en la Sección Primera de la Audiencia, y en el mismo la Fiscalía pedirá para el acusado dos años de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación, y tres años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía también pide que el acusado pague al Ayuntamiento de Burguillos 134.350,80 euros "por los costes privados sufragados por el Ayuntamiento" entre 2006 y 2008 para que las viviendas en cuestión contasen con electricidad gracias a generadores, así como 533.075,75 euros por las obras promovidas para "paliar las deficiencias de su arbitraria resolución".
De igual modo, la Fiscalía solicita para el arquitecto técnico contratado por el Ayuntamiento Federico García Cotlán un año y seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación.
El Ministerio Público considera que, durante su etapa como alcalde, José Juan López, "violando completamente las normas procedimentales consciente y deliberadamente", concedió licencias para la realización de obras de urbanización en los sectores PP-OE-R3, PP-NO-R2 y PP-ES-I1, en el polígono industrial 'Cuarto de la Huerta', para posteriormente autorizar "de forma continuada una larga serie" de licencias de primera ocupación de las viviendas construidas en dichos núcleos de urbanización.
EN CONTRA DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS
Según la Fiscalía, el acusado lo hizo en unos casos "en contra de los informes técnicos y jurídicos" emitidos previamente y en otros casos "bajo el auspicio de los informes técnicos" del otro acusado, quien informaba en calidad de arquitecto técnico contratado por el Ayuntamiento "pese a que estos informes fueron contradichos" por el arquitecto técnico municipal "y habían sido informados negativamente, desde un punto de vista jurídico", por el secretario municipal.
Todo ello, "con el objetivo común de asegurar la urbanización y uso habitacional de estas zonas, pese a que carecían de las condiciones para ello".
La Fiscalía señala que, en junio de 2004, José Juan López concedió una licencia para las obras del sector PP-NO-R2, la cual "era nula de pleno derecho" ya que la otorgó prescindiendo "absolutamente de las normas del procedimiento legal" porque los trabajos no contaban con proyecto de urbanización previo ni había sido sometido el asunto a información pública.
LOS HECHOS
El escrito de acusación desgrana que, en mayo de 2009, las obras fueron recepcionadas definitivamente pese a que la zona aún esperaba "la terminación de obras de red eléctrica y de conexión a centros de transformación", así como la "terminación de trabajos de jardinería", extremo que había motivado un informe técnico contrario a la recepción definitiva de las obras.
En cuanto al sector urbano PP-OE-R3, señala el escrito de la Fiscalía que José Juan López aprobó el proyecto de urbanización pese a las "deficiencias" señaladas previamente por el secretario general del Ayuntamiento, quien indicaba que la aprobación debía estar ser posterior a la corrección de las citadas "anomalías".
La Fiscalía detalla a continuación una serie licencias de primera ocupación concedidas por el ya exalcalde para viviendas de estos sectores y el sector PP-ES-I2, mediando en todos los casos informes técnicos y jurídicos contrarios a la entrega de las licencias.
INFORMES DESFAVORABLES
"Los impedimentos técnicos residían en el hecho de no estar finalizadas las urbanizaciones, faltando aspectos tan importantes como los enganches de las compañías de suministro eléctrico, inexistencia de rotonda de acceso a la urbanización, no estar terminado el acerado o las obras de soterramiento", explica el escrito de acusación, según el cual en tres de los casos López habría intentado eludir los informes técnicos municipales con "otros informes" interesados a Federico García Cotlán, quien trabajaba para el Ayuntamiento como arquitecto técnico a través de diferentes contratos.
A juicio del fiscal, esta serie de "decisiones arbitrarias tuvieron su reflejo en una vertiente económica, derivándose un alto coste para el erario público municipal", a lo que se suma el hecho de que Endesa "se había negado a suministrar energía debido a las graves deficiencias existentes, basada la negativa en que se habían concedido licencias de ocupación de viviendas sin que estuvieran finalizadas las obras de urbanización, obras del proceso urbanizador cuyo coste en todo caso correspondía realizar al propietario privado".
"Pese a esta obligación de carácter exclusivamente privado y ante la negativa de Endesa de dar suministro", el exalcalde "decidió 'motu propio' que el Ayuntamiento corriera con el gasto destinado al suministro eléctrico de los particulares, implantando en estos sectores una serie de generadores, cuyo alquiler y uso han supuesto desde que fueron instalados en 2006 hasta la fecha de dimisión del imputado como alcalde, en mayo de 2009, un gasto mensual para el Ayuntamiento de entre 28.000 y 30.000 euros".
GASTOS PARA EL NUEVO AYUNTAMIENTO
Según la Fiscalía, en concreto supuso un gasto directo para el Ayuntamiento en gasoil y alquiler de los generadores, entre 2008 y 2009, de 134.350,80 euros, un gasto "que no fue reembolsado al Ayuntamiento en su día, ni lo estaba a fecha de 8 de abril de 2013".
Tras el cese del acusado, el nuevo Ayuntamiento "ha tenido que afrontar, derivado de lo anterior y de la decisión del imputado de conceder licencias de primera ocupación sin tan siquiera existir el adecuado suministro eléctrico, unos gatos por un total de 533.075,75 euros, correspondientes al pago a empresas suministradoras y a la compra de material eléctrico.
Respecto al otro acusado, que trabajó como arquitecto técnico para el Ayuntamiento entre abril de 2007 y abril de 2010, la Fiscalía dice que, "pese a conocer las deficiencias existentes, informó favorablemente licencias que carecían de las mínimas condiciones requeridas", punto en el que señala que "la arbitrariedad" de los dos imputados se pone de manifiesto en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 12 de Sevilla que declaró la nulidad del acto administrativo consistente en la licencia de primera ocupación otorgada por el Ayuntamiento el 15 de octubre de 2007 para la promoción Fuentes de Burguillos.
