En el día de hoy se ha convocado a todos los grupos políticos para la celebración de Comisiones Informativas previas al Pleno Ordinario de cada mes.
Una vez personados en Alcaldía, a los representantes del Grupo Municipal se les informa que el Pleno no se ha celebrado el primer jueves del mes, ni se ha notificado a la oposición dicha decisión, al carecer de contenido que diera sentido a la mencionada Sesión. Por si el hecho de que el Gobierno Socialista-Andalucista no contemplara asuntos para debatir en Sesión Plenaria Ordinaria no resultara suficiente, la convocatoria de Comisión Informativa también carecía de ningún tipo de informe que argumentara cada uno de los puntos a deliberar. Ante esta constatación, el Grupo Municipal Popular decidió negarse a deliberar, en un claro ejercicio de responsabilidad, hasta tener toda la documentación necesaria, más aún cuando uno de los puntos a tratar se refiere a la concesión del alumbrado público por un importe de casi doce millones de euros. Tan sólo la concejala no adscrita, Mónica Becerra se mostró dispuesta a deliberar.
Nos encontramos ante una prueba más del claro abandono en que se encuentra el gobierno de nuestra ciudad, que sigue moviéndose entre el desconocimiento y la apatía con el milagroso resultado de seguir en pie. Esto puede atestiguarlo cualquier ciudadano que haya tenido la desgracia de precisar alguna atención de nuestro Ayuntamiento durante las pasadas fiestas, ya que han podido comprobar que durante más de quince días no había nadie que les pudiera atender. Es completamente lógico, por tanto, que no se encuentren puntos a tratar en Pleno o que se pretenda acometer Comisiones Informativas sin documentación, puesto que así se comporta una administración líder en la opacidad como nuestro Ayuntamiento. Sin embargo, resulta indignante, además de escandaloso, que esta forma de proceder termine por ser lo habitual en el gobierno del PSOE-PA de La línea.
Por lo pronto, la Sesión Plenaria Ordinaria correspondiente al mes de enero queda aplazada “sine die”, hasta que el gobierno cumpla con su obligación de fundamentar cada uno de los puntos que pretenda acometer con los informes oportunos, tal y como establece la Ley.
