Ante la condena por vulneración de derechos fundamentales al Ayuntamiento de Sanlúcar, a raíz de la denuncia del PP, y por la que le obliga a incluir una moción del grupo municipal popular, el Gobierno local ha recordado hoy que el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del Ayuntamiento, en lo referente a las intervenciones, formalización de ruegos y preguntas y presentación de mociones en el Pleno y Comisiones Informativas, fue aprobado en febrero de 2008 en sesión plenaria "por unanimidad de todos los grupos políticos, es decir, con el voto favorable del PP, y contando con el informe favorable de los técnicos municipales".
Es decir, se aprobó por todos los partidos políticos en el foro democrático para el que fueron elegidos los concejales de la Corporación Municipal, y en el que acordaron dicho reglamento con el objeto de hacer más eficiente el funcionamiento de la administración.
Según el ROF, los concejales debaten en las Comisiones Informativas el contenido de propuestas y mociones, por lo que en ningún momento se coarta la libertad de los ediles de debatir, discutir y afrontar cualquier tipo de cuestión. Cuando se confeccionó el ROF se decidió que, por agilidad en el funcionamiento de la administración, no debían repetirse en las sesiones plenarias asuntos que ya habían sido rechazados en las comisiones, algo que ya se venía haciendo en la legislatura anterior (2003-2007) en la que gobernaba el PP.
Según señalan desde el Consistorio sanluqueño, el ROF en vigor presentado por el Gobierno municipal y apoyado por todos los grupos "viene precisamente a dar mayor participación a los partidos políticos," dando medios e instrumentos a los grupos municipales para ejercer su labor, "facilitándoles que tuvieran despacho y funcionario de empleo, algo que no ocurría antes con el PP, y se cambió el horario de las sesiones plenarias para que pudieran asistir todos los concejales y ciudadanos".
En cuanto al fallo judicial, sostienen que "no hace más que referencia a la presentación de una moción determinada, no al ROF", y que "ahora será la secretaría general y los servicios jurídicos municipales los que dictarán las medidas que se llevarán a cabo".
