El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quiere que el Ministerio de Fomento dé cuenta de las medidas que ha adoptado para mejorar la seguridad aérea y los protocolos de actuación ante accidentes de avión coincidiendo con el sexto aniversario del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto madrileño de Barajas, en el que murieron 154 personas y resultaron heridos casi 18 viajeros.
En una pregunta parlamentaria registrada este miércoles en la Cámara Baja y que recoge Europa Press, Llamazares reclama información sobre los avances que se han conseguido en el último lustro en materias como la "adecuada profesionalización" de la inspección, el mantenimiento de los aviones, las condiciones laborales de los pilotos o la mejora del funcionamiento de las comisiones de investigación para "evitar su tardanza, ineficacia y parcialidad".
Además, el diputado asturiano quiere saber "por qué el Gobierno no ha creado aún un cuerpo de inspectores en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)" y si tiene intención de hacerlo, y pregunta también qué medidas se han tomado para trasponer a la normativa nacional toda la legislación europea e internacional de seguridad aérea y asistencia a víctimas y familiares.
Dado que tras el accidente de Spanair se creó una Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil, que emitió una treintena de recomendaciones derivadas del informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), el responsable de IU-ICV también se interesa por saber en qué grado se han cumplido dichas sugerencias.
MEDIDAS CONTRA LAS EMPRESAS
Por último, Llamazares exige al Ejecutivo información relativa a las medidas que se han tomado respecto de las empresas constructoras y los fallos detectados en la tragedia del Spanair, y se solidariza con la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, que "continúa luchando para que lo ocurrido sirva de referente al reconocimiento de los derechos de todos los afectados y víctimas de accidentes aéreos".
En este sentido, critica que Mapfre no haya pagado aún la indemnización a todas las víctimas y perjudicados y que esté ofreciendo apenas 12,8 millones de euros a los 130 afectados pendientes de cobro, "una cantidad inferior" a los 13 millones de euros que la aseguradora abonó a sus consejeros en el año 2012.
De hecho, el diputado señala que la compañía "no se ha acogido a la normativa que asegura el pago de un anticipo de la compensación" y recuerda que los afectados han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar posibles infracciones contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos que, dicen, tuvieron lugar durante el procedimiento judicial, que concluyó con el sobreseimiento por parte de la Audiencia de Madrid.
Unas denuncias que la Asociación de Afectados también puso de manifiesto este miércoles durante el acto de homenaje a las víctimas, donde denunciaron el "caos judicial" que se había producido en torno al caso y lo "repugnantemente barato que resulta morir" a bordo de un avión. Además, la presidenta de la Asociación, Pilar Vera, exigió un mayor control sobre la compatibilidad de los miembros de la CIAIAC y cambios profundos en los métodos de investigación.
