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Lunes 25/11/2024
 
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Sevilla

El pleno de Diputación pide aclarar el modelo del Consorcio de Transporte

IU-CA admite que el consorcio está \"en la UCI\" como consecuencia de su situación financiera

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El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha instado a la Junta de Andalucía a "clarificar" tanto el futuro del Consorcio Metropolitano de Transportes y su nuevo modelo, como el papel de los ayuntamientos en la institución, todo ello a cuenta de su obligada adaptación a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

   Recientemente, como se ha informado, el consejo de administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla, participado por la Junta, la Diputación y 45 municipios, dejaba sobre la mesa una propuesta de la Presidencia, para instar a los ayuntamientos consorcionados a pronunciarse sobre su permanencia o no en el ente a causa de la incidencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en su relación con la entidad.

   La propuesta inicial, promovida por los representantes institucionales pertenecientes a IU-CA, quedó sobre la mesa con el voto a favor de los representantes institucionales pertenecientes al PSOE y al PP, y la abstención de los representantes institucionales alineados en IU-CA. En ese sentido, el acuerdo alcanzado fue que el Consorcio, a lo largo de las siguientes dos semanas, proporcionase a los ayuntamientos la información necesaria para adoptar una decisión al respecto, tras lo cual se celebraría una nueva sesión del consejo de administración.

   La delegada de Fomento y Vivienda, Granada Santos (IU-CA), defendía en ese sentido, en declaraciones a Europa Press, que ante la adaptación o "modificación" que afronta el Consorcio Metropolitano de Transportes por la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local era necesario pedir a los ayuntamientos pronunciarse sobre su continuidad o no en esta entidad, pero "el único riesgo" de salir de este organismo es que un municipio, por sí mismo, "no quiera formar parte" de la entidad.

   Pero sin que se haya celebrado aún esa nueva sesión del consejo de administración, el pleno de la Diputación ha debatido una moción del grupo popular que insta a la Junta a "clarificar qué figura instrumental quiere para la gestión del consorcio y que se aclare en qué situación quedan los ayuntamientos o la propia Diputación si optan por no permanecer en él".

   Durante el debate, Manuel Begines (IU-CA) ha defendido que la Junta "apuesta" por la continuidad del consorcio, pero "la reforma de la administración local no define el papel de los ayuntamientos" en entidades así y, ante esa "ambigüedad", es necesario definir el nuevo modelo de gestión "de abajo a arriba".

   "Con la reforma, la participación va a variar y la Junta va a tener más del 50 por ciento, pero hay que hacerlo todo de abajo a arriba, consultando a los ayuntamientos como primer paso, y tenemos un año para ello".

"EN LA UCI"

   Igualmente, Begines ha admitido que el Consorcio Metropolitano de Transportes sigue "en la UCI" (unidad de cuidados intensivos) a cuenta de sus deudas y su "mala gestión anterior", toda vez que el popular Juan de la Rosa avisa de que sigue sin celebrarse la nueva sesión del consejo de administración y que la Junta está "intentando forzar a los ayuntamientos".

   "Lo primero es ver en qué medida afecta todo a los ayuntamientos y eso la Junta es incapaz de explicarlo", dice avisando además del "peligro" que corre la institución del consorcio.

   La socialista Trinidad Argota, de su lado, ha admitido lo "atípico" del conflicto, pero señala que todo deriva de la reforma de la administración local diseñada por el PP y defiende que la Junta aboga por la conservación del consorcio.

   El portavoz del PA, Alberto Mercado, ha manifestado su apoyo a que la Junta "clarifique" el futuro de la institución y ha señalado la responsabilidad del PP como autor de la reforma de la administración local, si bien ha estado ausente en la votación, saldada con el voto favorable del PP y el PSOE y la abstención de IU-CA.

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