El grupo de apoyo jurídico a Carlos Cano y Carmen Bajo, condenados a tres años y un día de cárcel por su actuación durante un piquete informativo del Movimiento 15M en la huelga general del 29 de marzo de 2012, ha informado este jueves de que los afectados han presentado ante la Audiencia Provincial de Granada un "incidente de nulidad" de actuaciones para pedir la repetición del juicio que se siguió contra ambos y que acabó con su condena.
Así lo ha señalado ante los periodistas una de las miembros de este colectivo, Ariana Sánchez, que ha explicado que, a raíz de que se diera a conocer el caso de los dos procesados, algunos juristas les han ofrecido su asesoramiento profesional, informándoles de que el juicio, que tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, pudo suponer una vulneración de derechos fundamentales, según recoge la doctrina del Tribunal Constitucional.
De hecho, según ha indicado Sánchez, las "pintadas y las voces" que se le atribuyen en la sentencia contra Carlos y Carmen, un estudiante de Medicina y una mujer en paro, son hechos "levísimos" y si estos tienen una condena "más baja" cuando no están relacionados con un derecho fundamental, como es el de huelga, la condena puede suponer un "atentando y una vulneración de derechos fundamentales".
La portavoz del colectivo ha afirmado además que a la petición de nulidad de las actuaciones se ha acompañado además una solicitud de suspensión de la entrada en prisión de los dos condenados, con lo que están a la espera de que se produzca la decisión de los magistrados también a este respecto.
De hecho, aunque Carmen ha conseguido recientemente un aplazamiento de su ingreso penitenciario, hasta el 31 de julio, para resolver asuntos familiares, a Carlos se le ha denegado la suspensión, así que debería entrar en la cárcel de manera inmediata, a no ser que este nuevo proceso suponga su retraso, en tanto que no haya nueva resolución judicial.
Además, el grupo de apoyo jurídico ha vuelto a reclamar la solidaridad de la sociedad y de todos los colectivos que lo consideren para impedir que Carlos y Carmen vayan a la cárcel, y baraja la petición de indulto, que aún no han presentado, como "medida última".
Carmen, leonesa de 56 años, es animadora sociocultural en paro afincada en Granada y con un adolescente a su cargo. Carlos, de familia y origen murciano, nació en Castro del Río (Córdoba) hace 25 años y estudia Medicina en la Universidad de Granada.
