Julián Villasante es el propietario del centro de lavado que ha despertado la ira de muchos de los vecinos de Torreguadiaro, que han visto cómo de un día para otro comenzaban las obras para instalar dos surtidores con dos mangueras de gasolina y diesel cada uno de ellos.
El mismo propietario atendió a VIVA CAMPO DE GIBRALTAR, sin esconderse en absoluto y dando la cara para exponer su postura ante el proyecto que tanta polémica ha suscitado. “Abrimos el negocio en 2010 y en 2011, como no iba muy bien, se nos ocurrió instalar unos surtidores de gasolina. Pero no pudo ser, no ya por la oposición vecinal, sino porque no cumplíamos la ley, que establecía que solo era posible en parcelas de 5.000 metros o en parcelas urbanas”, nos relata Villasante.
Pero la suerte se puso del lado del empresario, y el año pasado se aprobó el Decreto Ley 4/2013 de 23 de febrero en el que se exponía que “dado el actual escenario de recesión económica y teniendo en cuenta la evolución de las cotizaciones de los productos petrolíferos, se considera justificado por razones de interés nacional, velar por la estabilidad de los precios de los combustibles de automoción y adoptar medidas directas de impacto inmediato sobre los precios de los carburantes, al tiempo que permitirán un funcionamiento más eficiente de este mercado.
En este sentido, se adoptan una serie de medidas tanto en el mercado mayorista como en el minorista, que permitirán incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos”. Así, el decreto establecía que “los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos”.
Rehicieron entonces el proyecto ajustándose a la nueva normativa. Solicitaron la licencia de obra en septiembre de 2013 “y tras los informes favorables de Urbanismo, Planeamiento, Medio Ambiente, Jurídicos, Bomberos, Infoca y Secretaría General, de haber informado a los cuatro vecinos colindantes con la Policía Local y manifestar éstos que no estaban conformes, por lo que se les dio un periodo de alegaciones, en el que no presentaron ninguna, lo firmó el alcalde el 1 de abril de 2014”, expone Julián Villasante, que se pregunta: “¿Qué querían los cuatros vecinos y los que los apoyan? ¿Que no lo firmara? ¿Que fuera contra la ley?”
Villasante, además, se cuestiona “cómo hay políticos y afines que aprovechan la creación de una pequeña empresa familiar -muy necesarias en la situación actual- para descalificar a sus oponentes, sin importarles lo que dicen y sus consecuencias”, en clara alusión a las declaraciones realizadas el martes por Jesús Mayoral, de PIVG, en las que manifestaba que si él fuera el alcalde, el proyecto no había salido.
Beneficios para la zona
Lejos de hablar del peligro que argumentan los vecinos y las consecuencias negativas para el turismo, el empresario argumenta que hoy en día se hace todo “cumpliendo la ley”. Asegura que el precio de la gasolina será entre 8 y 9 céntimos más barato que en estaciones de servicio cercanas y que se crearán uno o dos puestos de trabajo. “Además, para no molestar a los vecinos, se cerrará por la noche. Solo abriremos de 7.30 a 22.30 horas”.
Se ofrece además a todos los ciudadanos que lo deseen para aclarar dudas: “Si alguien quiere que le explique este proyecto, con mucho gusto lo haré”. Y es que indicó que ni a nivel particular ni de asociación de vecinos se le ha preguntado nunca por el proyecto, sus medidas de seguridad y su impacto visual”.
Los surtidores y el depósito, con capacidad para 60.000 litros, quedan a cinco metros del muro del centro de lavado, “y no a tres metros como dijo el propietario del hotel colindante”. Se defiende indicando también que “por indicación del Ayuntamiento, la unidad de suministro instalará un hidrante para uso exclusivo de bomberos, pues la zona de Torreguadiaro es la única que no tiene ninguno”. Tampoco comprende por qué los vecinos se oponen a sus surtidores y no a los de una estación de servicio próxima, por lo que llega a la conclusión de que “hay otros intereses, ya sean económicos o políticos, para que no exista competencia en la zona” .
