Varios cientos de personas se han concentrado hoy a las puertas de los Juzgados de la Plaza de Castilla para pedir la libertad de los detenidos el sábado en Madrid en los incidentes registrados al término de las "Marchas 22M de la Dignidad".
Veintiún arrestados el sábado han comenzado a comparecer a partir de las 11.30 horas aproximadamente ante el titular del Juzgado de Instrucción número 30.
También fueron arrestados tres menores, que como tales no serán trasladados a los juzgados, sino que deberán estar disponibles cuando sean requeridos por la Fiscalía, de la que depende su situación.
A los detenidos el sábado la Policía les imputa los delitos de atentado contra agente de la autoridad, desórdenes públicos y daños, según fuentes policiales.
El abogado de los detenidos, Enrique Santiago, ha anunciado que se emprenderán las acciones legales pertinentes si se confirma que hubo malos tratos a los arrestados en las dependencias policiales, donde los mantuvieron contra la pared durante horas, sin darles la debida alimentación y sin permitirles acudir al servicio, "una línea roja que las fuerzas de seguridad no pueden traspasar".
Ha detallado que algunas de las detenciones se produjeron de forma "indiscriminada" cuando los manifestantes se dirigían de forma pacífica hacia los autobuses para regresar a sus lugares de origen.
Santiago ha calificado de "desproporcionada" la actuación policial del sábado antes de las 21.00 horas, puesto que, según el letrado, hubo cargas policiales cuando todavía había permiso para continuar con la manifestación.
En la Plaza de Castilla, los manifestantes -algunos de los cuales portaban banderas andaluzas y alguna republicana- han coreado consignas como "No estamos todos, faltan los presos", "Viva la lucha de la clase obrera", "Así, así, ni un paso atrás, unificar las luchas y a la huelga general" o "Gobierno dimisión por corrupto y por ladrón".
Durante la protesta, en la que se han desplegado agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), con unos ocho vehículos, se han escuchado gritos de "fuera" dirigidos a la Policía cuando han pedido a uno de los manifestantes que se identificara.
"Hasta que no salgan los detenidos, no nos vamos", ha dicho el actor Willy Toledo, quien ha opinado que "el Gobierno ha declarado la guerra al pueblo y éste se está levantando".
Willy Toledo ha acusado al Ejecutivo de utilizar "una violencia brutal" para "reprimir" las manifestaciones, mientras que la gente ha actuado "en legítima defensa".
El actor ha señalado que el sábado tuvo lugar una de las manifestaciones más grandes de la historia de España, sin la participación de los dos sindicatos mayoritarios, y ha estimado que la estrategia de la Delegación del Gobierno en Madrid y del propio Ejecutivo era que las imágenes en los medios de comunicación fueran de violencia, carreras y pelotas de goma.
"Llevo toda la vida luchando y voy a seguir luchando toda mi vida, por mucho que me insulten, me desprecien, digan mentiras sobre mí, me aporreen, me detengan o me metan en la cárcel. Yo voy a seguir luchando toda mi vida con mi pueblo y contra mis enemigos, que intentan hundir a nuestro país en la miseria", ha afirmado Willy Toledo.
Por su parte, el portavoz del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha considerado que la actuación policial del sábado fue "un intento de desvirtuar una manifestación pacífica de miles de personas procedentes de toda España".
Cañamero ha apuntado que la actuación de la Policía estaba "orquestada" porque previamente se acusó a los participantes en las "Marchas 22M de la Dignidad" de "fascistas" y se los comparó con "Amanecer dorado" para "provocar una situación de enfrentamiento".
Sin embargo, el portavoz del SAT ha recalcado: "No hemos caído en la provocación porque veníamos a sacar la gente a la calle. La mayoría silenciosa estaba en la calle. Rajoy prepara las maletas".
Por su parte, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid Jorge García Castaño ha calificado de "lamentable" la actuación policial del sábado "en un contexto de amenazas constantes por parte de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el presidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González.
A la protesta se han sumado trabajadores de la multinacional UPS y de la empresa ILC (Grupo ISN), que se han concentrado en la Plaza de Castilla con motivo de la declaración como imputados de varios directivos de la compañía con motivo de una querella presentada por los trabajadores del centro de Vallecas.
