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Lunes 25/11/2024
 
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Sevilla

Los afectados y el expresidente de la CEA piden aplazar las imputaciones

Una juez de Sevilla ha citado a declarar mañana, como imputados, al expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero y al secretario general Antonio Carrillo, por presunta estafa en unos pisos aunque el primero de ellos y los afectados han pedido aplazar la cita

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Una juez de Sevilla ha citado a declarar mañana, como imputados, al expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero y al secretario general Antonio Carrillo, por presunta estafa en unos pisos aunque el primero de ellos y los afectados han pedido aplazar la cita.

Fuentes del caso han informado a Efe de que Herrero ha presentado en el juzgado de instrucción 3 de Sevilla una petición de aplazar su comparecencia debido a una cita médica -cuya naturaleza no ha sido desvelada- y la juez no había contestado cuando a mediodía de hoy finalizó su horario de trabajo.

La juez ha citado a las 9.30 horas a Herrero, que sigue siendo patrono de la Fundación de la CEA que promovía los pisos, y a las 11 horas a Antonio Carrillo, secretario general de la patronal andaluza y actual presidente de la Fundación.

Las fuentes han precisado a Efe que la abogada que representa a un grupo de contratistas afectados también ha pedido aplazar las declaraciones ya que no ha podido estudiar un CD con documentación bancaria que el juzgado les ha entregado a mediodía de hoy.

La denuncia se refiere a una promoción de 583 viviendas de VPO en la barriada de Sevilla Este que fue objeto de dos denuncias: la procedente de una decena de constructores afectados, que ha correspondido al juzgado de instrucción 3, y otra presentada ante la Fiscalía de Sevilla, que fue archivada a comienzos de febrero.

Esta segunda denuncia fue realizada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) como acreedor del préstamo de unos cincuenta millones concedido por Caja Madrid (ahora Bankia) en el 2007 para la promoción de dichas viviendas.

Según la Fiscalía, el archivo se decretó porque "no ha quedado acreditado, en absoluto, que el crédito obtenido de Caja Madrid se empleara en algo distinto a la construcción de las viviendas".

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