Los casi 200 trabajadores de los autobuses urbanos de Jerez llevan años arrastrando demoras en los pagos de sus salarios. Para ellos cobrar religiosamente su nómina en tiempo y forma y no tener atrasos a sus espaldas es prácticamente una situación excepcional y los conflictos protagonizados, que se recrudecieron en 2011 y 2012 dejando a la ciudad con servicios mínimos hasta tres meses, lo ilustran a la perfección. Hasta el secuestro de este servicio en mayo de 2012, el transporte urbano de autobuses era una sucesión de altibajos. Anterior a esas fechas, llegaron a acumular hasta cinco nóminas impagadas, una situación que ahora esta lejos pero que tampoco está solventada del todo. El hecho de que haya paz social y su día a día se haya “normalizado” mientras que la tendencia a la recuperación de pasajeros va a más, no quiere decir que la gran asignatura pendiente, es decir, que los trabajadores perciban sus salarios como cualquier mortal, esté superada.
Como indica el portavoz del comité de empresa, Ángel Morales, a día de hoy los empleados de Urbanos Amarillos tienen pendientes de cobro las nóminas de diciembre y enero, y las últimas informaciones que les han llegado es que el una vez que se termine de pagar el salario de este mes a la plantilla municipal, que aún no se ha completado del todo, se les hará un ingreso de al menos una de las dos mensualidades.
Desde la empresa les trasladan al mismo tiempo que esto se realizará “a la mayor brevedad posible”, pero en cualquier caso la “racha apurada” que llevan viviendo y que es más acusada en algunos casos concretos de compañeros empieza a pesar demasiado.
Están en plena transición de la gestión indirecta a la municipalización, que será una realidad en mayo de este año, cuando culminen los dos años de fecha límite del secuestro que exige la ley, y estas circunstancias son precisamente las que mantienen viva la esperanza de que a partir de entonces la regularidad en el cobro de sus salarios llegue por fin a sus casas. “Vamos a lo justo, hay compañeros más desahogados que otros, otros con complicaciones a los que se le junta la hipoteca, el coche y que lo están pasando mal; la gente está muy aburrida, cansada de tener que recurrir a la familia, llevamos desde Cojetusa con esta situación”, señala Morales.
¿Qué ha cambiado ahora para que no se planteen protestas? Básicamente, como relata, que confían en que esta situación no responda más que a los “últimos coletazos” de una etapa que esperan cerrar definitivamente dos o tres meses, una vez que sean absorbidos por el Ayuntamiento para entrar a formar parte de la plantilla municipal.
“La esperanza que tiene el colectivo es que poco a poco esto (por los impagos) se normalice”. Unas circunstancias que explica que, a excepción de lo que ocurrió el pasado año cuando hubo un conato de protestas por varias nóminas acumuladas sin pagar, en esta ocasión no se estén planteando iniciar medidas de presión, siempre y cuando no sigan acumulando más de las dos que ya tienen “porque la cosa cambia”, precisa.
la fecha límite, en mayo
¿Qué cambiará a partir de mayo? Si todo marcha según los trámites, la gestión pública del transporte colectivo será un hecho en esta fecha, si bien no hay que perder de vista que desde mayo de 2012 son dos interventores municipales los que están al mando del servicio, con lo que en principio no tiene por qué notarse este proceso. De hecho, el servicio seguirá financiándose con la venta de billetes y la subvención anual municipal de 7,2 millones que tiene que cubrir sin problemas el coste, como ya ha dicho el Ayuntamiento por activa y por pasiva.
No obstante, sí hay un detalle importante del que se beneficiarán los trabajadores y que podría aliviar en gran medida su malestar: una vez que la municipalización sea un hecho, tendrán el mismo nivel de prioridad que el resto de la plantilla a la hora de percibir sus salarios.
Esto se traducirá en que situaciones como las que ocurren actualmente no se tienen por qué repetir, ya que al dejar de regirse por una gestión indirecta a través de una concesión, no tienen que regirse por la prelación de pagos y esperar a que el Consistorio culmine de pagar a la totalidad de la plantilla para luego comenzar a hacer los ingresos a las concesionarias.
Es la esperanza a la que se aferra la plantilla para poder cobrar “como cobra cualquier trabajador, en tiempo y forma”.
Sus relaciones con los interventores en este tiempo son “fluidas”, si bien admiten que desconocen en el punto en el que se encuentran las conversaciones del Ayuntamiento con Urbanos Amarillos. También saben que una vez dentro de la plantilla municipal tendrán que “hablar y negociar” pero después de haberse bajado los salarios un 20% el pasado año, al igual que el resto de empleados de concesionarias, tienen garantías de que el proceso de integración de los 154 fijos y 40 eventuales se haga sin problemas y “sin ningún tipo de cambio”.
El contrato con Urbanos puede resolverse en 20 días
Mientras los trabajadores esperan como agua de mayo que el Ayuntamiento asuma de forma definitiva y oficial el mando del servicio, una demanda aclamada por trabajadores, sindicatos y oposición, la Junta de Gobierno Local acordó en su reunión del viernes iniciar los trámites para recuperar la gestión del servicio de los autobuses urbanos de la ciudad. Para ello dio luz verde a un requerimiento a la empresa Urbanos Amarillos para que acredite “la desaparición de las causas que motivaron el secuestro de dicho servicio, aprobado el 7 de mayo de 2012 en Junta de Gobierno Local” después de haber intentado en vano llegar a un acuerdo con la empresa.
De este modo, si en el plazo correspondiente, que está contemplado en 20 días, Urbanos Amarillos no garantiza la “asunción completa de sus obligaciones contractuales y la desaparición de las causas que motivaron el secuestro”, se procederá a la resolución del contrato de conformidad con el procedimiento legal y reglamentariamente establecido al efecto”.
Con este requerimiento desde el Gobierno municipal entienden que dan un paso adelante para garantizar de una forma definitiva la normalización de un servicio que considera esencial, por su trascendencia para la ciudadanía.
Para asegurar la correcta prestación de este servicio, el Ayuntamiento tomó en mayo de 2012 las riendas de la gestión de los autobuses urbanos y desde entonces ha procedido a su normalización. En ese momento el servicio presentaba graves deficiencias que afectaban negativamente a los jerezanos, como la permanente huelga de trabajadores y una red obsoleta gestionada por la concesionaria Urbanos Amarillos, que no cumplía con el pliego de condiciones.
Una de las pocas decisiones en las que ha reinado el consenso
Si hay un asunto en el que en lo que va de legislatura se haya dado consenso absoluto entre el Gobierno local y los partidos de la oposición (PSOE, Foro e IU) este ha sido la municipalización de los autobuses urbanos. Una medida que estos últimos venían reclamando desde hace años y que empezó a materializarse en la víspera de la Feria del Caballo de 2012, cuando la plantilla amenazó con otra nueva huelga y el Consistorio procedió al “secuestro” del servicio haciéndose cargo de la dirección de la empresa. Entonces, el Consistorio no habló abiertamente de gestión directa, sino que dejó en el aire esta posibilidad. Un desenlace que ahora está próximo a ser un hecho
