La delegada de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta en Córdoba, María de los Santos Córdoba, ha informado este lunes de que la oficina contra los desahucios estudia la situación de la activista de la Plataforma 'Stop Desahucios' que ha sido juzgada en enero, acusada de un delito de usurpación, después de que supuestamente ocupara su vivienda, de la que la habían desalojado por impagos en la capital cordobesa.
En declaraciones a los periodistas, la delegada ha comentado que la mujer "se había dirigido a la oficina de la Junta para ver el tema de la expropiación, porque era una ocupación que había hecho una vez que había sido lanzada y no cumplía los requisitos", y ahora "ante la nueva situación", la oficina estudia el caso "para ver qué se puede hacer".
En concreto, en el juicio reclamaban para ella distintas penas de multa y que desalojara de nuevo la vivienda en el plazo de un mes, todo ello tras la demanda que ha interpuesto la empresa que se quedó con el inmueble, al que volvió la afectada después de que le avisaran de que la puerta de la casa estaba abierta.
Desde la Plataforma '15M Stop Desahucios' lamentan que su compañera fuera juzgada por "vivir en la casa de la que fue desahuciada", de ahí que medio centenar de personas del colectivo respaldara a la mujer, junto a sus dos hijos, dado que "fue la primera de otras muchas familias que reocuparon su casa".
Al respecto, detallan que la vivienda fue subastada por un banco, quien se la vendió a 'Propiedades Residenciales', "una sociedad cuyo accionista es a su vez una sociedad con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo, sociedad tapadera amiga del banco y administrada por una red de despachos dirigidos por gentes que se dedican a hacer negocios con las desgracias de las familias obreras en paro".
