La vista oral con jurado popular en la que se va a enjuiciar por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental al exjefe provincial de Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta andaluza en Almería y al exjefe de negociado de la misma unidad ha arrancado este martes ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
Fuentes judiciales han indicado que está previsto que a lo largo de esta jornada tenga lugar la constitución del jurado mientras que en la jornada del miércoles están citados a declarar los dos procesados, Francisco Javier R.B. y José Ignacio R.G., quienes se enfrentan a penas individuales de prisión de seis años acusados de haber dispuesto "en beneficio propio" de un total de "33.103 euros de dinero público".
La Fiscalía sostiene que, entre 2007 y 2009, ambos se valieron presuntamente para tal fin de la elaboración de memorias con las que justificaron, por un lado, facturas correspondientes a supuestas comidas por motivos de trabajo "cuando no era así" y por otro, obras y servicios que, "al final, no se realizaron".
El escrito de acusación contra ambos mandos califica los hechos como delito de malversación de caudales públicos y delito de falsedad documental, ambos continuados, e imputa su comisión a los dos acusados, Francisco Javier R.B. y José Ignacio R.G.
Según relata, Francisco Javier R.B., jefe provincial de la Policía Autonómica, y el jefe de negociado, José Ignacio R.G., "dispusieron en su propio beneficio" del dinero asignado al presupuesto de la unidad para "acudir a restaurantes" en los que habrían gastado un total de 7.168,65 euros.
En la causa constan 31 de estas facturas cuyos importes justificaban con memorias en las que hacían "constar que eran comidas por motivos de trabajo, cuando no era así" y en las que indicaban "la asistencia de cargos públicos que no acudieron a las mismas".
La Fiscalía sostiene que ambos acusados también "dispusieron de dinero público" mediante la elaboración de memorias en las que justificaban supuestos gastos por obras y reformas en dependencias policiales, que "finalmente no se llevaron a cabo", y en presuntas reparaciones de vehículos policiales que, según añade, "igualmente tampoco se realizaron".
En este caso, las citadas memorias hacen alusión, por un lado, a tres obras adjudicadas a tres empresas distintas por 9.580,28 euros, 6.411,24 euros y 5.302,84 euros, y al arreglo de unos vehículos policiales con un gasto de 4.640 euros facturado a nombre de una empresa que se dedica al montaje de estructuras de invernaderos.
La fiscal considera que "todas las memorias justificativas" era confeccionadas "de común acuerdo" por Francisco Javier R.B. y José Ignacio R.G., quienes "ajustaron su contenido al importe del dinero del que dispusieron". Subraya que el primero, en razón de su cargo, era el que las "firmaba" mientras que el jefe de negociado "por razón de su profesión" era la persona "que las redactaba".
El escrito, que aplica el concurso medial entre los delitos continuados de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial para fijar la pena de seis años de prisión, pide, asimismo, que ambos indemnicen con 33.103 euros a la Junta de Andalucía, personada como acusación particular en el proceso.
