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Miércoles 27/11/2024
 
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Mundo

Los jefes de Estado africanos no podrán ser juzgados por el TPI

La UA resalta que "los jefes de Estado y de Gobierno en vigor no deben ser procesados mientras estén ejerciendo"

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  • Uhuru Kenyatta -

La Unión Africana (UA) ha acordado este sábado que los jefes de Estado no puedan ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional (TPI) debido al "doble rasero" que aplica en la justicia internacional y pide que se aplace el procesamiento del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y su 'número dos', William Ruto.

   Al término de una reunión centrada en las relaciones entre África y el TPI, la UA "ha rechazado el doble rasero que el TPI está aplicando al dispensar justicia internacional", según ha declarado el ministro de Exteriores de Etiopía, Tedros Adhanom, en el encuentro, previo a la cumbre en la que los jefes de Gobierno refrendarán lo acordado por sus respectivos ministros.

   La UA resalta que "los jefes de Estado y de Gobierno en vigor no deben ser procesados mientras estén ejerciendo", ha declarado Tedros enl a sede de la UA en Adís Abeba, la capital de Etiopía.

   El procesamiento del presidente y el vicepresidente de Kenia, acusados de orquestar una ola de asesinatos a raíz de su ascenso al poder en las elecciones de 2007, infringe la soberanía nacional keniana, ha reprobado Tedros.

   Una delegación de la Unión tratará de presionar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para postergar un año el caso de Kenyatta, así como el del presidente de Sudán, Hasan Omar al Bashir, acusado de crímenes de guerra en el conflicto de Darfur. El juicio contra Ruto comenzará el 12 de noviembre en La Haya (Países Bajos).

   La frustración en el seno de la UA y en África aumenta de forma exponencial debido a que la única persona condenada por el TPI era un 'señor de la guerra' africano, al tiempo que todos los imputados por el tribunal en otros procesos también son africanos.

   Tal es la indignación que algunos dirigentes habían abogado por revocar unánimemente su pertenencia al TPI, algo que no ha recabado un amplio apoyo en la UA y que desaconsejan diversos grupos defensores de los Derechos Humanos, como la ONG Amnistía Internacional.

 

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