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Lunes 25/11/2024
 
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Sevilla

El Ayuntamiento libra más de 80.000 euros para el congreso prometido a la Unesco

Cosechan 419 inscripciones

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El Ayuntamiento de Sevilla ha contratado por 47.400 euros a la empresa 'Gaia Heritage', especializada en el patrimonio cultural y natural y sus aspectos económicos, y por 30.000 euros a la empresa 'Atril F&C Agencia de Viajes', para la organización científica y la logística, respectivamente, del congreso internacional sobre arquitectura contemporánea en ciudades con paisajes históricos programado en la ciudad entre el 17 y el 19 de septiembre.

   Estas conferencias responden al compromiso de la Administración local con la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), en el marco de la decisión de este organismo internacional de no incluir a los monumentos sevillanos declarados Patrimonio de la Humanidad en la lista del patrimonio mundial en peligro.
PREPARATIVOS EN MARCHA

   A tal efecto, la organización científica y la coordinación del evento han sido adjudicadas por 47.400 euros a la empresa 'Gaia Heritage', contratada años atrás por la extinta caja de ahorros Cajasol para estudiar el impacto de la toree de 178 metros de altura construida en la isla de la Cartuja sobre los monumentos de Sevilla declarados Patrimonio Mundial, y de otro lado ha sido contratada por 30.000 euros una empresa encargada de la logística, según la documentación recogida por Europa Press. Ninguno de estos precios incluye el IVA.

   Este congreso de ámbito mundial ha cosechado ya 419 inscripciones correspondientes a representantes y técnicos de ayuntamientos, comunidades autónomas o ministerios, además de personas pertenecientes al ámbito universitario y, profesionales libres relacionados, mayoritariamente, con los sectores de la arquitectura, la historia o, la arqueología. Asimismo, se han inscrito 38 personas de nacionalidades tan diversas como Portugal, Colombia, Uzbekistán, Croacia, Estados Unidos, Qatar, Italia, Reino Unido, Francia, Puerto Rico, Guinea o la República Democrática del Congo.

EL CONFLICTO CON LA UNESCO

   La Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla, principales monumentos de la ciudad, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1987. Su destino como Patrimonio Mundial ha estado marcado por la torre de 178 metros de altura que promovía Cajasol-Banca Cívica, ya fagocitada por CaixaBank, en el sector sur de la isla de la Cartuja, una localización que dista aproximadamente 1.600 metros del enclave del casco histórico de Sevilla donde se alzan los citados monumentos.

   Porque la propuesta de resolución elevada a debate en junio de 2012 en la XXXVI sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, defendida de hecho por el Centro de Patrimonio Mundial, consideraba que el proyecto de la torre supone un "impacto visual altamente adverso" sobre la localización de estos monumentos y su relación con el río Guadalquivir y el resto de monumentos de la ciudad.

   La propuesta en cuestión, sustentada en las recomendaciones del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés), abogaba por incluir a estos monumentos en la lista del Patrimonio Mundial en peligro y reclamar a España, como estado miembro de la Unesco, la "suspensión inmediata de todo trabajo" en la torre, diseñada por el arquitecto César Pelli. Esta propuesta, no obstante, no prosperó y la resolución definitiva de la Unesco daba cuenta del "impacto visual altamente negativo" del proyecto, pero sólo reclamaba una serie de medidas para "evitar desarrollos similares en el futuro" en la ciudad hispalense y mitigar los efectos visuales de la torre sobre el paisaje histórico.

NUEVO EXAMEN EN 2015

   Ya en junio de este año, en el marco de la XXXVII sesión del Comité de Patrimonio Mundial, la Unesco debatió una propuesta que daba cuenta de los "progresos" o avances con la "finalización y aprobación" de planes especiales de protección para el Conjunto Histórico Artístico de Sevilla, señalando que estos instrumentos de planeamiento deben estar completados "durante 2013". La resolución, finalmente aprobada, reclama igualmente un nuevo informe sobre Sevilla a entregar antes de febrero de 2015.

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