Ecologistas en Acción ha exigido a la Junta de Andalucía que “respete su propia normativa de protección en Doñana”, y no permita la descatalogación de más suelo forestal, “como se pretende en esta ocasión, para la construcción de instalaciones destinadas a las pruebas de los drones, aviones dirigidos a distancia con uso primordialmente de carácter bélico y militar”. Así se ha detallado en las alegaciones presentadas ante la Consejería de Medio Ambiente.
Según explica la organización ecologista en un comunicado, la Junta tiene previsto permitir la descatalogación de 75 hectáreas de suelo forestal en el término municipal de Moguer, en la comarca de Doñana, para la construcción de unas instalaciones del proyecto Ceus del INTA (Ministerio de Defensa). Para ello, “propone saltarse varias de las normas de máximo nivel que protegen el ámbito de Doñana, así como los usos del monte público, y mucho más, cuando dicho suelo fue pasto de las llamas en varias ocasiones”.
En primer lugar, explican que el Potad (Plan de Ordenación del territorio del ámbito de Doñana) determina que la zona que se plantea deforestar es una zona A, de máxima protección, y en la que “en ningún caso se justifica ninguna actuación, ni transformación para fines que no sean los forestales”.
En segundo lugar, según la Ley de Montes, “ningún monte público que haya sufrido incendio podrá transformarse ni cambiar de estatus en un plazo de treinta años” (Ley 10/2006 de 28 de abril. Art. 50). Dado que la zona elegida sufrió sendos incendios en 2002, 2005 y 2012, “la localización de estas instalaciones en esta parcela de Montes Ordenados de Moguer es ilegal”.
Asimismo, Ecologistas cree que la elección de esta zona, por “estar degradada”, contraviene la Ley Forestal andaluza, que exige que “si unos terrenos forestales se encuentran degradados, debe urgirse a la Consejería de Medio Ambiente a tomar medidas inmediatas para su recuperación, planteándose incluso la reforestación de los mismos”. Lo contrario, “no sería sino contravenir el mandato legal, que es de obligado cumplimiento”, argumentan.
La asociación ecologista también ha detallado los valores ambientales (flora y fauna) de la zona que se piensa deforestar, entre las que cabe citar ser zona de tránsito del lince.
Por último, denuncian que “se pretende ocultar ocultar la razón de fondo de la elección realizada, que no es otra que la facilidad de la tramitación administrativa y el coste cero de la misma, al tratarse de un territorio de propiedad pública, y con posibilidad de trampear la normativa de protección”.
