La Unidad de Policía adscrita a la Junta ha intervenido durante el primer semestre de 2013 un total de 66.972 boletos de loterías ilegales en la provincia de Cádiz, lo que supone un tercio de los boletos fraudulentos requisados en toda la comunidad, según el balance de las actuaciones de estos agentes pertenecientes a la Consejería de Justicia e Interior.
Cádiz se convierte así en la provincia andaluza donde se han llevado a cabo la gran mayoría de las intervenciones de boletos ilegales de lotería. A la provincia gaditana le sigue Jaén con 13.787 boletos ilegales intervenidos y Málaga con 10.990, mientras que en Córdoba se incautaron 6.989, 875 en Granada, 604 en Almería, 577 en Sevilla y 41 en Huelva; según ha informado la Junta en un comunicado.
La Unidad de Policía adscrita a la Junta ha intervenido durante el primer semestre de 2013 un total de 100.835 boletos de loterías ilegales en toda Andalucía, más del triple de los 31.649 que se incautó en todo el año 2012, según un balance de las actuaciones de este servicio perteneciente a la Consejería de Justicia e Interior.
Los agentes de la Junta especializados en la lucha contra el juego ilegal han intervenido en este mismo periodo 2.781 cartones de bingos ilegales en la provincia gaditana, de los 33.943 requisados en toda Andalucía. En su lucha contra el juego fraudulento, la Unidad de Policía adscrita ha realizado en la provincia de Cádiz un total de 897 inspecciones y ha levantado 375 denuncias en el primer semestre de 2013.
MÁS DE 1.200 INSPECCIONES DE MÁQUINAS TRAGAPERRAS
Asimismo, los agentes han inspeccionado en esta provincia en estos seis meses un total de 1.204 máquinas del tipo A, B y C --conocidas como máquinas tragaperras--, a consecuencia de lo cual ha denunciado 47 y precintado 90.
La intervención de la Unidad Adscrita de la Policía ha permitido, asimismo, decomisar en toda Andalucía 220 entradas puestas de forma ilegal a la reventa para la asistencia a corridas de toros y otros espectáculos.
Desde la Administración regional han recordado que el juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que organizan actividades ilegales de juego perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes. Además, este tipo de actividades irregulares constituye una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener este tipo de locales.
