La Fiscalía superior de Andalucía ha pedido siete meses de cárcel para el parlamentario andaluz y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), y para el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, por un delito de desobediencia grave durante la ocupación de una finca.
En su escrito de acusación, del que ha informado hoy la Fiscalía a través de una nota, el Ministerio Público hace extensible esa misma pena de cárcel para otros dos de los 54 imputados en esta causa por la ocupación, entre el 24 de julio de 2012 y el 9 de agosto de ese año, de la finca Las Turquillas de Osuna (Sevilla).
Además, para cada uno del conjunto de los acusados, incluidos Sánchez Gordillo y Cañamero, la Fiscalía solicita dos multas: una de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble sin violencia o intimidación, y otra de 100 euros por una falta de daños.
La Fiscalía pide también la indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 a favor del Ayuntamiento de Osuna por daños que fueron ocasionados, "sin una intención directa", a consecuencia de la ocupación.
El Ministerio Público ha propuesto para el juicio oral, pendiente de señalamiento, diversa prueba testifical y documental.
Por su parte, la Abogacía del Estado formuló recientemente escrito de acusación en el que pedía dos años de cárcel para Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT a los que considera cabecillas de la protesta, por la presunta autoría de los delitos de usurpación, desobediencia grave y daños (tasados en unos 800 euros) durante la ocupación de la finca.
Para los 50 imputados restantes solicitó un año y seis meses de cárcel por los mismos delitos.
El pasado mayo el juez instructor del TSJA dictó un auto de procedimiento abreviado sobre esta causa que quedó en suspenso tras comprobar que faltaban diez personas por declarar, entre ellas Cañamero, que finalmente compareció el miércoles pasado ante el alto tribunal andaluz, al que asistió detenido por haber desoído varios llamamientos de la justicia para que acudiera a prestar testimonio.
Una vez tramitadas esas diez comparecencias, el juez levantó la suspensión del auto de procedimiento abreviado, por lo que solo resta la apertura de juicio oral y su señalamiento, toda vez que ya se han pronunciado las partes.
