El tiempo en: Galicia
Miércoles 03/07/2024
 

Provincia de Granada

La ausencia de un imputado obliga a aplazar el juicio por el piquete en una huelga de Rober

El juicio se fijó a raíz de una denuncia presentada por la anterior Gerencia de Transportes Rober por la actuación de los piquetes informativos en la citada huelga, al considerar que se produjeron "coacciones" al personal de la empresa

Publicidad AiPublicidad Ai Publicidad Ai Publicidad Ai

La ausencia de uno de los 22 imputados en la causa abierta por la actuación de un piquete informativo durante la huelga de los Transportes Rober convocada entre el 30 de enero y el 20 de febrero ha obligado a aplazar hasta el próximo 6 de noviembre el juicio que iba a comenzar este jueves en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada.

   Según han informado a Europa Press fuentes del caso, el imputado ausente se encuentra de baja médica por hospitalización, por lo que la vista ha tenido que ser aplazada. A la salida de los juzgados, el secretario general de CCOO en Granada, Ricardo Flores, que también está acusado, ha dicho a los periodistas que confía en que todos los imputados, que se enfrentan a penas de hasta cuatro años de prisión, sean absueltos porque simplemente "ejercieron el derecho de información y movilización en unos piquetes informativos".

   Flores ha descartado que en aquella actuación de huelga hubiera "agresión" a trabajadores. "Se les informó de forma verbal, educada y normal", ha indicado el responsable sindical, que considera "inaudito" que la Fiscalía solicite hasta cuatro años de pena y que se ha mostrado convencido de que "la justicia hará justicia". "No vamos a dejar de salir a la calle a seguir reivindicando los derechos de los trabajadores", ha apuntado.

   El juicio se fijó a raíz de una denuncia presentada por la anterior Gerencia de Transportes Rober por la actuación de los piquetes informativos en la citada huelga, al considerar que se produjeron "coacciones" al personal de la empresa e "interrupciones del servicio público de autobuses y de los servicios mínimos legalmente establecidos".

   Finalmente, la Fiscalía calificó los hechos como un posible delito contra el derecho de los trabajadores y pide penas de hasta cuatro años de cárcel. Fuentes sindicales sostienen que el Ministerio Público ha mantenido su acusación pese a que la empresa ha retirado la denuncia tras alcanzar un acuerdo con los trabajadores, lo que ha motivado que el juicio siga adelante.

   Desde CCOO, que ha convocado una concentración de apoyo minutos antes de la vista en los juzgados, piden la libre absolución de todos los implicados por considerar que la celebración de esta vista oral es "un despropósito" y supone una "clara represión sindical y una vulneración en los derechos de los trabajadores".

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN