La Generalitat no ejecutará la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece que debe introducirse el castellano en las aulas donde esté escolarizado un alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en castellano.
"La lengua de una aula no puede cambiar porque un sólo alumno lo pida. La voluntad de un padre no puede incidir sobre el programa y el proyecto solicitado por el resto de familias" de un grupo clase, ha señalado en rueda de prensa desde el Parlament la consejera de Enseñanza, la convergente Irene Rigau, que ha anunciado que el Govern recurrirá esta resolución ante el Tribunal Supremo (TS).
La consejera ha señalado que el Govern defiende la atención individualizada en castellano de los "casos particulares", pero ha afirmado que no pueden obligar unos episodios en concreto a cambiar el sistema en su totalidad, y ha defendido el éxito de la inmersión lingüística y el consenso social y político que la avala.
Rigau ha destacado que, en cualquier caso, lo que ha hecho el TSJC es emitir una "medida cautelar" y ha defendido que la inmersión en catalán y la continuidad del modelo lingüístico actual está plenamente garantizada a través de la Ley de Educación de Cataluña (LEC).
Según la consejera, el gobierno catalán continuará "exprimiendo al máximo una política de defensa total del modelo lingüístico", que no puede ser cuestionado sólo porque durante este curso escolar, haya un total de 17 estudiantes cuyas familias han solicitado atención individualizada en castellano.
"Lamentamos tener que defender continuamente nuestro modelo pero no nos cansaremos de hacerlo. No contemplamos ejecutar la resolución en los propios términos en los que se presenta", ha señalado Rigau.
La consejera ha detallado que la LEC deja claro en qué franjas de edad las familias pueden solicitar para los alumnos una atención individualizada en castellano, y ha destacado que el proyecto lingüístico de cada centro no es una cuestión que se pueda cambiar "de un año para otro".
"La lengua de un grupo clase no depende de los alumnos, de la lengua ni de los intereses del profesor, depende del proyecto lingüístico del centro, que forma parte del proyecto educativo aprobado por el Consejo Escolar", ha argumentado.
Según el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), con fecha 6 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press este miércoles, el sistema "ha de adaptarse a toda la clase --o unidad escolar-- de la que forma parte ese alumno".
