El grupo socialista de la Diputación de Granada ha censurado que el equipo de gobierno de la institución provincial (PP) niegue "de forma sistemática el acceso a un expediente de contratación solicitado de forma reiterada por el PSOE con el objetivo de encubrir presuntas actuaciones delictivas".
Según informa el PSOE en un comunicado, el expediente en cuestión hace referencia a la adjudicación de una campaña de publicidad del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) correspondiente al año 2012.
"La campaña incluye la adjudicación, de forma directa, de la colocación de 187 carteles por un importe aproximado de unos 100.000 euros", según ha explicado el diputado socialista Miguel Ángel Gamarra, quien ha detallado además que la concesión "se produjo sin el debido procedimiento de contratación ni de informe por parte de la Intervención".
El representante socialista ha incidido además en que "siempre es habitual que los propios ayuntamientos coloquen los mencionados carteles pero, sin embargo, en esta ocasión la Diputación Provincial se autoencomienda a sí misma por vez primera esta función".
El grupo socialista ha mostrado su "sorpresa" y afirma haber solicitado hasta en 15 ocasiones el expediente de contratación con objeto de clarificar si se ajusta a la legalidad, solicitudes que han encontrado el rechazo por parte del gobierno provincial del PP.
Por ello, a juicio del diputado socialista, el gobierno del PP "está ocultando información y, de confirmarse las sospechas que el PSOE tiene sobre la legalidad del expediente, se confirmaría el encubrimiento por parte del equipo que preside Sebastián Pérez de la posible comisión de un delito", ha dicho.
Gamarra ha dado al gobierno provincial un plazo de 48 horas para que ponga a disposición de su grupo el expediente y ha afirmado que el PP no debería estar sólo preocupado por el acceso a la información por parte del PSOE, sino, sobre todo, del cumplimiento de la legalidad vigente.
Según Gamarra, las sospechas de ilegalidad no sólo las tiene el grupo socialista, sino también las debe de tener el propio gobierno provincial al no facilitar el expediente.
"No queremos que al presidente de la institución le pase lo mismo que al presidente del Gobierno, es decir, que dentro de un tiempo se encuentre un Bárcenas en la Diputación y que diga que él no sabía nada", ha señalado Gamarra, para asegurar que Sebastián Pérez obstruye a sabiendas el acceso a la información amparando posibles irregularidades.
Por su parte, el diputado socialista Manuel Megías ha lamentado que estos hechos no sean una práctica aislada en la corporación, sino "una forma de entender la Diputación por parte del gobierno del PP".
El diputado socialista ha preguntado a Sebastián Pérez cuál es el "oscuro interés por monopolizar" desde la Diputación las contrataciones de las obras y servicios que se prestan y realizan en los municipios.
A juicio de Manuel Megías, después de 20 meses de gestión del PP, la Diputación ha dejado de ser un instrumento para los ayuntamientos y ha pasado a ser "un instrumento exclusivamente de uso" del presidente del PP, Sebastián Pérez.
Según el representante socialista, Pérez utiliza la Diputación como medio para promocionarse personalmente y en beneficio exclusivo del PP, dejando de lado los intereses de los ciudadanos.
Un modelo de Diputación que, según Megías, constituye "una forma de ser, de pensar y de actuar del PP". "El presidente de la Diputación está destrozando la relación de igual a igual que se mantenía con los ayuntamientos, intentando tutelarlos y mermar su autonomía sin consenso ni diálogo con ellos", ha denunciado.
El diputado socialista ha tachado de "atrocidades" contra los ayuntamientos decisiones del gobierno provincial del PP como la eliminación de los representantes municipales en el Patronato García Lorca, la supresión de la capacidad de los consistorios para gestionar sus propios proyectos dentro de los planes de Obras y Servicios o la disolución de Resur. "Jamás una Diputación ha perjudicado tanto y en tan poco tiempo a la autonomía local", ha agregado.
Manuel Megías ha criticado además las "pocas ganas de trabajar" del presidente de la Diputación y de su equipo y ha criticado que esta indolencia ha provocado la pérdida de más de 150.000 jornales de trabajo en la provincia y de 9 millones de euros.
