El alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha empezado a declarar esta noche ante el juez de la Operación Mercurio seguro de poder demostrar su inocencia de los cargos que le imputa, relacionados con el supuesto cobro de comisiones a empresarios por la concesión de obras o de servicios.
"Mi declaración tiene que dejar bien clara mi inocencia y que nunca he tenido nada que ver con ninguna corrupción ni con ningún cobro de comisiones. Nunca", ha dicho de forma tajante Bustos ante los periodistas, antes de entrar en el juzgado, en medio de una gran expectación mediática y ciudadana.
El alcalde ha llegado hacia las 18:00 horas al juzgado, donde le esperaba un aluvión de personas, divididas entre sus partidarios, que le han animado y aplaudido, y antes quienes se ha llevado varias veces la mano al pecho, y sus detractores, que le han abucheado e insultado con gritos de "chorizo".
Bustos, que ha acudido al juzgado con unas carpetas bajo el brazo, ha indicado que su declaración "será larga" porque su letrado le ha dicho que se puede extender en sus explicaciones todo el tiempo que quiera, con lo que previsiblemente concluirá a altas horas de la noche.
"Pienso hacerlo con toda extensión de datos para demostrar lo que dije el primer día: Que como alcalde nunca he tenido nada que ver con ninguna trama de corrupción ni ningún tipo de cobro de comisión. Mi gestión ha sido honesta, transparente y siempre al servicio de la ciudad", ha aseverado.
La declaración del alcalde socialista ha coincidido con la convocatoria en Sabadell de una manifestación por parte de diversas formaciones de izquierda que ha reunido a algo más de 300 personas, que primero se han concentrado en la plaza del ayuntamiento, y que después se han desplazado hasta el juzgado, tras una pancarta que proclamaba "Barramos la corrupción".
Durante todo el día han declarado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell otros imputados, entre ellos Lluis Pascual, vicepresidente de la compañía de aguas de Sabadell, CASSA, quien ha defendido la legalidad de sus actuaciones.
La compañía municipal de aguas "Grupo CASSA" fue una de las que el pasado día 27 de noviembre fueron registradas por agentes de la División de Investigación Criminal de los Mossos a la búsqueda de expedientes relacionados con operaciones urbanísticas a los que algunos de los implicados en la supuesta trama de corrupción aludían en conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial.
La abogada de Lluís Pascual, Olga Tubau, ha indicado a los periodistas que, tras la declaración, entiende que "no hay ningún elemento incriminatorio serio respecto a él y, desde luego, su conducta ha sido totalmente ajustada a la legalidad", motivo por el que espera el sobreseimiento de las actuaciones contra su cliente.
Pascual es vicepresidente segundo de CASSA en representación de Fiduciària del Vallès, SA y en el consejo de administración de la compañía de aguas se sientan varios de los imputados en la Operación Mercurio, como el propio alcalde de Sabadell, su hermano y concejal Francisco Bustos, el primer teniente de alcalde de Urbanismo, Joan Manau, y el edil responsable de Sostenibilidad, Ricard Estrada, quienes declararon ayer.
El primero en testificar hoy, tercer día en que el juez interroga a los implicados en esta trama, ha sido el jefe de la Policía Local de Sabadell, Josep Miquel Duran, quien ha dicho a los periodistas: "No tengo que negar lo que no he hecho".
Aunque no ha querido precisar qué delitos se le imputan, por estar el caso bajo secreto de sumario, Duran ha indicado que el juez no ha señalado ninguna medida cautelar contra él, como sí sucedió con cinco de los imputados y detenidos que declararon el pasado viernes, que deberán presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
Además de Pascual y Duran, también han declarado hoy Xavier I., coordinador del área de Urbanismo del ayuntamiento vallesano, Elena G.P., Josep A.S. y Antoni S.R.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama exigía supuestamente el pago de comisiones a empresarios como condición para acceder con ventaja a la adjudicación de obra pública, para lo que se les reclamaba demás un depósito previo mínimo de 120.000 euros.
En la causa se investiga la comisión por parte de los casi 40 imputados los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución.
