La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha augurado que habrá "un otoño caliente", con manifestaciones en septiembre "prácticamente a diario", pero ha avisado a los participantes de las mismas que no consentirá que corten el tráfico, como han hecho en algunas ocasiones en los últimos meses.
En una entrevista concedida a Europa Press, Cifuentes ha dicho que, aunque es difícil saber el número exacto de protestas que se esperan para septiembre, puesto que algunas de ellas aún no se han comunicado, todo apunta a que se batirán récords.
De hecho, ha señalado que este 2012 "ha sido un año caliente" desde el punto de vista de protestas en las calles y que en ocho meses y medio se han registrado ya 1.850 manifestaciones, "más que todas las que hubo en todo el año pasado".
La delegada ha señalado que el derecho de manifestación es un derecho constitucionalmente reconocido "que hay que proteger pero que hay compatibilizarlo con el derecho que tienen los ciudadanos a poder circular por la ciudad y poder desarrollar su vida normal".
En ese sentido, ha anunciado que impedirá que se produzcan, como han estado ocurriendo hasta ahora, cortes de tráfico selectivos de manera descontrolada.
"En septiembre vamos a intentar que esto no ocurra y el grupo de personas o personas aisladas que han estado cortando el tráfico en Madrid han de saber que muchas de ellas van a tener una sanción administrativa porque es un comportamiento ilegal y muy perjudicial para el resto de los ciudadanos, que quieren ir a trabajar o desplazarse por la ciudad y se encuentran con que un grupo de personas ha realizado un corte de tráfico colapsando toda la ciudad", ha esgrimido.
Cifuentes también se ha mostrado contraria a acciones de protesta como las que promueve el diputado regional andaluz por IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, que sustrajo, junto a sindicalistas, comida de un supermercado para dársela a personas sin recursos.
"Yo creo que en Madrid la Ley hay que cumplirla, tanto si eres diputado, concejal o ciudadano de a pie, porque todos somos iguales ante la ley y no puede haber diferencias. Si a un ciudadano normal no se le permite entrar en una tienda y llevarse lo que quiera, a Gordillo no se le puede permitir", ha aclarado.
"COMO LETRADA NO ENTIENDO LA INTERPRETACIÓN DE ALGUNOS JUECES"
La delegada del Gobierno en Madrid también ha querido contestar a los 'varapalos judiciales' que ha sufrido en sus ocho meses de mandato precisamente por limitar o cambiar el recorrido de algunas manifestaciones, como ocurrió en la Marcha minera del pasado mes de julio, en la manifestación del Día de la Huelga General o en la marcha de la Falange el Día de la Final de la Copa del Rey de fútbol.
"Habría que ver cada caso individualmente, pero en algunos casos como letrada no entiendo la interpretación que hacen algunos jueces porque en algunos casos las sentencias son contradictorias entre sí. Lo cierto es que en estos momentos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con carácter más o menos general antepone el derecho de manifestación, sin ningún tipo de restricción", ha argumentado.
Cifuentes ha indicado que la interpretación que ella hace de la Ley es diferente a la de los jueces y tiene "matices" porque aunque el derecho de manifestación "está constitucionalmente protegido, hay también otras leyes orgánicas como la Ley que regula el derecho de reunión o la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que establecen algunos límites a ese derecho". "Y los límites al derecho de manifestación son los que afectan a otros derechos fundamentales de otros ciudadanos", ha agregado.
La delegada ha reconocido que la institución que dirige ha tomado decisiones "limitando y modulando levemente, nunca restringiendo" el derecho de manifestación. Como ejemplo, ha recordado la denominada 'Marcha negra' de los mineros.
"Cuando los mineros querían ir de Aravaca hasta Ciudad Universitaria les trazamos un camino por la Carretera de Castilla, que es el camino natural porque es el que está más cerca, para no tener que cortar la A-6. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a los sindicatos en contra del interés de la mayoría de los ciudadanos, porque se cortó la A-6 y se produjo una colapso circulatorio", ha rememorado.
Cifuentes ha explicado que tiene la obligación de tomar resoluciones en interés de la mayoría de los ciudadanos, "no de un sindicato en concreto, sino de la mayoría de los madrileños". "Aún sabiendo que el Tribunal me quitó la razón, volvería a tomar exactamente la misma resolución porque creo firmemente en el derecho de reunión pero creo que debe ser compatible con el derecho de la mayoría de los ciudadanos", ha apostillado.
Para resolver esta problemática, ha apostado por la aprobación de una Ley de huelga o una Ley Orgánica que regule algunos extremos del derecho de manifestación.
"Hasta qué punto se puede paralizar con manifestaciones sucesivas la vida de una ciudad o hasta qué punto se puede permitir que ciudadanos que viven en una zona de Madrid queden completamente aislados como consecuencia de una sucesión de manifestaciones, como ocurre en entorno de Sol. Ha habido días que allí se han celebrado seis o siete concentraciones y la zona se ha quedado cortada al tráfico", ha comentado.
Por tanto, la delegada ha defendido una ley que avanzar en la regulación de estas cuestiones "para poder compatibilizar los derechos de todos". "En una ciudad tan grande como Madrid es posible", ha concluido.
REFORMA PARA AGILIZAR DESALOJOS DE CASAS OCUPADAS
Cristina Cifuentes también se ha mostrado partidaria de modificaciones legislativas para agilizar los desalojos de viviendas ocupados porque considera que los procesos judiciales "son muy lentos".
"Cuando se producen ocupaciones de pisos públicos de protección oficial, por ejemplo, y se producen daños, como ocurren muy frecuentemente, que suponen luego una inversión para arreglar esto con dinero público, hoy no hay prácticamente consecuencias. El procedimiento hay que agilizarlo y pedir algún tipo de responsabilizar frente a todos los daños que se puedan ocasionar como consecuencia de una oCupación", ha argumentado.
De hecho, ha revelado que una persona cercana le ha comentado que tiene que ir a la casa de su hijo todos los días para evitar que le entren y se lo ocupen. "Eso está pasando en algunos pueblos y algunos barrios de Madrid", ha dicho.
No obstante, en el caso de que los dueños de los propietarios consientan o no actúen contra las ocupaciones de sus inmuebles, como puede ser el caso de los edificios 'okupados' de la madrileña Plaza de España, la delegada sostiene que la Justicia no tiene1 que actuar cuando no se le ha pedido.
