El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado este miércoles la constitucionalidad de que quienes abandonaron el País Vasco o Navarra por presiones terroristas puedan votar en sus comunidades pero no cree posible que se pueda aplicar en las próximas elecciones autonómicas vascas debido a la voluntad del Gobierno de consensuarlo con todos los grupos parlamentarios y la ausencia de interés "electoralista".
En la presentación del informe elaborado por el grupo de expertos encargado por el Ministerio del Interior para estudiar la posibilidad, Fernández Díaz ha sostenido que se trata de una reforma "pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones", algo que da "aún más legitimidad" al Gobierno para poner en marcha la modificación.
El grupo de expertos que ha estudiado la constitucionalidad de que los ciudadanos que huyeron del País Vasco y Navarra como consecuencia de la acción de ETA puedan volver a votar en esas comunidades propone que puedan ejercer este derecho todas aquellas personas que acrediten haber vivido allí cinco años después del 15 de junio de 1977 --fecha de las primeras elecciones democráticas-- y aseguren haber abandonado el lugar por presiones terroristas.
El documento, presentado este miércoles por el ministro del Interior y el presidente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendés, considera que es "perfectamente constitucional" habilitar el voto para la llamada 'diáspora vasca' y presenta una propuesta de reforma de la ley electoral para hacerlo posible.
El ministro ha celebrado estas conclusiones y ha explicado que la voluntad del Gobierno es remitir hoy mismo el texto a los gobiernos vasco y navarro y a todos los grupos parlamentarios para tratar de alcanzar el máximo consenso posible, aunque ya ha adelantado que no cree que la reforma esté concluida para ser aplicada en las próximas elecciones autonómicas vascas.
De hecho, ha recordado que el Gobierno podría hacer uso de los instrumentos de urgencia que tiene a su alcance para tramitar la propuesta por la vía de urgencia y el PP aprobarla ejerciendo la mayoría absoluta de la que goza en las Cortes Generales. "Pero no sólo queremos ser honestos sino parecerlo", ha dejado claro.
Para poder acogerse al voto exiliado, los ciudadanos que lo deseen tendrán que acudir a la oficina del censo del lugar donde reside en la actualidad, acreditar haber vivido en el País Vasco o Navarra durante cinco años y asegurar haber huido del lugar por presiones terroristas, sin necesidad de demostrar este último hecho.
PRESUNCIÓN DE CERTEZA Y VERACIDAD
Para Fernández Díaz, la "presunción de certeza y veracidad" debe ser válida en este caso y ha sostenido que, de todas formas, el fraude sería un porcentaje mínimo respecto al total. De todas formas, ha dejado claro que el texto es sólo una propuesta y está abierto a las modificaciones que consensúen los grupos parlamentarios.
La propuesta de los 20 expertos que han estudiado el asunto sugiere la creación de un artículo 33 bis en la LOREG por el que, quien quiera votar en el País Vasco o Navarra después de haber vivido allí durante cinco años, pueda acudir a la oficina del censo de su actual lugar de residencia y solicitar el traslado a su último domicilio en el País Vasco o Navarra, de forma que no se produciría un doble voto.
El estudio considera "indudable" la competencia del Estado en la materia, aunque prevé la posibilidad de que, respetando el mínimo, el País Vasco y Navarra puedan mejorar las condiciones para las elecciones autonómicas.
Los interesados podrán pedir el traslado censal una sola vez, según la propuesta en un plazo de seis meses, y rectificar también una sola vez. Además, no se creará un censo de desplazados, sino que los votos de la diáspora estarán integrados en el censo ordinario. En cuanto a la forma de emitir el voto, los expertos se decantan por el voto por correo, aunque también consideran constitucional que se estipule que deba hacerse de forma presencial.
NO HAY CÁLCULO DE LOS AFECTADOS
El ministro del Interior ha asegurado que aún no se ha realizado un cálculo de cuántas personas podrían verse afectadas por esta reforma legal, aunque ha defendido que "bastaría con que una sola persona no hubiera podido ejercer libremente su voto para que la iniciativa tuviera sentido".
Fernández Díaz ha garantizado que el Gobierno no ha hecho ningún estudio del número de ciudadanos que podrían acogerse y ha insistido en querer "alejar" cualquier acusación de "electoralismo". "Estamos hablando de principios, lo contrario sería impresentable", ha dejado claro antes de adelantar que sólo habrá una formación política con la que no se negociará la reforma, en referencia a Amaiur.
