Un total de 34 ONG y entidades sociales, entre las que figuran Cáritas, Pueblos Unidos y la Red Acoge, piden al Parlamento que prime el "respeto por la dignidad humana" en el debate sobre el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Sanitario que se celebrará este jueves y, en consecuencia, se evite que los inmigrantes en situación irregular pierdan su acceso a una tarjeta sanitaria, tal y como está previsto.
Estas entidades han suscrito un manifiesto en el que condenan "enérgicamente" cualquier plan para "segregar a los pacientes dentro del sistema sanitario", como a su juicio hace el citado Real Decreto Ley, y recuerdan que el acceso a la asistencia sanitaria es un Derecho Humano básico del que con esta medida se podría privar a unas 150.000 personas en España.
"La sociedad civil se opone a la creación de un sistema de salud paralelo y defiende la importancia de la igualdad al recibir servicios sanitarios. La creación de un sistema separado para los inmigrantes en situación irregular debilitará los cimientos básicos de los derechos humanos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación", afirma el manifiesto difundido este miércoles.
En opinión de las entidades, este "sistema paralelo" que se creará si se encomienda a las ONG la atención sanitaria de los inmigrantes que queden fuera de la red pública, generaría "una enorme carga sobre las organizaciones de la sociedad civil" que, según explican, "no pueden y no deberían adoptar la tarea de prestar servicios sanitarios básicos a las personas que necesitan atención medica".
Además, denuncian que la aplicación de esta norma supone una "violación de las obligaciones éticas de los profesionales de la salud" porque "les obligarán a seleccionar a los pacientes en base a su condición de inmigración, en lugar de su estado de salud". "Estas medidas, además de oponerse a la ética profesional de los trabajadores de la salud, de consumir su tiempo y de ser estresantes, apartarán a
estos profesionales de su cometido primordial, que es la prestación de asistencia sanitaria", señala el manifiesto.
En cuanto a la Salud Pública, apuntan que "negar el acceso a los servicios de salud a un grupo específico de personas socava los esfuerzos de luchar contra la propagación de enfermedades transmisibles en la población general" ya que resulta "complicado" detectar males como la tuberculosis, que con frecuencia son identificadas cuando los pacientes buscan atención médica para tratar otras afecciones.
"Con el fin de aplicar una verdadera política nacional de salud pública es esencial que todas las personas, con cualquier afección de salud, puedan recibir servicios sanitarios, y no sólo a través de servicios especializados para las enfermedades infecciosas o una vez que la enfermedad ha llegado al nivel de emergencia, momento en que
la población en general ha sido expuesta a la enfermedad por un periodo de tiempo", explican las organizaciones.
Por último, las organizaciones advierten de que con el Real Decreto Ley España "violará" el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (PIDESC) y "sus obligaciones internacionales de derechos humanos así como el principio de realización progresiva de los derechos sociales".
