En un escrito dirigido al juzgado de instrucción 14, al que ha tenido acceso Efe, el PP dice que el último informe pericial sobre las facturas de Unidad "ha sacado a la luz hechos y documentos que hasta ahora no habían sido considerados", por lo que pide que se recabe al Ayuntamiento de Sevilla los expedientes de varios programas y que la Policía averigüe "qué administración fue realmente la que concedió la subvención".
Las nuevas diligencias responden al informe pericial que, en junio pasado, determinó que diez de las facturas de Unidad, por importe de 16.340 euros, se emitieron por duplicado, otras tres eran falsas y algunas se utilizaron para justificar subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación.
En esta causa están procesadas la ex presidenta de Unidad A.N., su esposo A.C., y la contable de la entidad J.P.M. por un presunto delito de falsedad en documento oficial por presentar las mismas facturas de entrega de materiales de una copistería, pero por conceptos distintos, al Ayuntamiento sevillano y a la Diputación.
En septiembre de 2010, el juez exculpó del caso a otras dos personas inicialmente imputadas: el ex concejal del PSOE en Sevilla Manuel Gómez Lobo y Domingo Enrique Castaño, asesor del entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), aunque la medida ha sido recurrida.
Ahora, el PP pide que el juez investigue a la abogada A.V.S., compañera de Domingo Enrique Castaño, como firmante de los justificantes de gasto entregados entre 2001 y 2002 por atención jurídica a mujeres vecinales, pese a que la asesoría jurídica de Unidad era ejercida por otros dos abogados y no por ella.
El PP pide al juez que la Agencia Tributaria informe sobre la actividad profesional de esta abogada y que se le tome declaración "como testigo o, en su caso, como imputada".
También reclama que vuelvan a declarar como imputados Gómez Lobo y Castaño y que se haga una pericial caligráfica de ellos mismos y de la contable de Unidad para comprobar la autoría de las notas manuscritas incorporadas a las actuaciones.
La declaración de todas las Juntas Directivas de Unidad bajo los dos mandatos investigados es otra de las peticiones del PP, así como que el juez libre oficio al PSOE para que informe si esas personas han sido afiliadas y han tenido cargos en su estructura orgánica, dado que tales extremos fueron negados a la Policía Judicial alegando la Ley de Protección de Datos.
