Son entre seis y diez barcos de Galicia los perjudicados de forma directa, pero la Xunta advierte de consecuencias de forma "indirecta"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consellería do Mar avisa de que la anulación del acuerdo pesquero Marruecos y la Unión Europea por parte del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) "tendrá sus efectos" en la flota gallega al verse afectada por la necesidad que tendrán los pesqueros andaluces de más cuotas para paliar las pérdidas de ese caladero, especialmente en el caso de especies pelágicas.
Más allá de los entre seis y diez barcos gallegos que se pueden ver afectados de forma directa por esta anulación del acuerdo pesquero, por parte de la Consellería do Mar se explica a Europa Press que "también tendrá sus efectos en la flota gallega" de forma "indirecta" por "el traslado del esfuerzo pesquero de las flotas andaluzas hacia las cuotas disponibles en España, lo que supone que estas terminen siendo más exiguas".
En este sentido, la Consellería do Mar lamenta que la sentencia "supone una pérdida de posibilidades de pesca" para la flota gallega, por lo que "se está realizando un seguimiento detallado de la evolución de este asunto".
El pasado 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) tumbó los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la UE y el Reino de Marruecos por considerar que ambos se celebraron sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental.
Además, el Gobierno gallego hace hincapié en que la organización europea de armadores de pesca Europêche criticó esta sentencia como "muy preocupante" para el sector al reducirse las oportunidades pesqueras.
El TJUE puso fin así al litigio sobre el acuerdo pesquero con Marruecos y su protocolo, al desestimar los recursos del Consejo y la Comisión, en línea con la sentencia del Tribunal General de la UE de 2021 y con las conclusiones de laaAbogada general, Tamara Cápeta.
La aplicación de este protocolo expiró el pasado 17 de julio de 2023, lo que supuso la suspensión de la actividad, algo que afecta especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón, en concreto, a la flotas andaluza, gallega y canaria.
Fue el Frente Polisario, que representa al pueblo del Sáhara Occidental, quien presentó una serie de recursos de anulación para impugnar ambos acuerdos, ya que se habían celebrado sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental.
La sentencia constata que ese consentimiento no existe y considera al Frente Polisario como un interlocutor privilegiado en el marco del proceso y que cumple los requisitos para poder impugnar estos acuerdos en interés del pueblo saharaui.
No obstante, el TJUE precisa, al contrario de lo que declaró el Tribunal General, que el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a los acuerdos controvertidos no debía ser necesariamente explicito, es decir, que puede darse por hecho cuando no se crean obligaciones para ese pueblo y la explotación de sus recursos naturales le reporta algún tipo de ventaja.
El Tribunal de Justicia reconoce que estos acuerdos no crean obligaciones jurídicas que recaigan sobre el pueblo del Sáhara Occidental, pero tampoco le confieren ningún derecho ni ventaja sobre la explotación de sus recursos, por lo que el consentimiento no puede presumirse, sumado a que el Frente Polisario, en calidad de representante legítimo de dicho pueblo, se opone a los acuerdos, lo que a juicio del TJUE basta también para cuestionar la existencia del consentimiento.
En base a los mismos principios, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado también sobre una cuestión prejudicial francesa acerca de la problemática del origen de los melones y tomates del Sáhara Occidental y dicta que su etiquetado debe indicar únicamente el Sáhara Occidental como país de origen de esos productos, excluyendo cualquier referencia a Marruecos, para evitar inducir a error al consumidor sobre su verdadero origen.
Por su parte, el sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), advirtió de que este fallo es un "nuevo golpe para el sector pesquero español", tanto el andaluz como el canario y el gallego. Pon el foco especialmente en los pescadores de la provincia gaditana que faenan en el golfo de Cádiz y que tenían como complemento de su actividad la posibilidad de ir a Marruecos a pescar especies como el boquerón, la sardina o el besugo en la modalidad de palangre de fondo.
El secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, Javier Garat, recordaba que "esta flota, que ya se ve sometida a una presión muy importante por parte de la Comisión Europea --que ha propuesto una reducción del 54% del boquerón, y que tienen también unas limitaciones muy grandes para la sardina--, se verá abocada, posiblemente, a amarrar muchos barcos con las consecuencias socioeconómicas que eso va a tener en ciudades y en pueblos pesqueros tan importantes como pueden ser Barbate, Conil, Algeciras o Tarifa".
Indicaba que el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, que venció el 17 de julio de 2023, fecha en que los barcos europeos dejaron de faenar en dichas aguas, incluía la posibilidad de obtener licencias a un total de 138 barcos europeos de los cuales 92 eran españoles: 47 de Andalucía, 38 canarios y siete gallegos, aunque, en el último protocolo, sólo se utilizaron en torno a una veintena por parte de empresas y pescadores de las flotas andaluza, gallega, vasca y canaria.
De esta forma, algunos de los buques afectados al expirar el acuerdo con Marruecos el año pasado, comenzaron a faenar en el golfo de Cádiz (andaluces) y en Mauritania (gallegos) para paliar las consecuencias.
Por un lado, el Frente Polisario celebró como un "triunfo de la resistencia" la resolución del TJUE, ya que considera que atiende a sus principales reivindicaciones: que cualquier pacto de este tipo requiere del "consentimiento" de la población saharaui y que se debe respetar el derecho de autodeterminación.
El representante del Polisario en España, Abdula Arabi, recalcó a raíz del fallo, en declaraciones a Europa Press, que el Sáhara Occidental debe entenderse como "un territorio distinto" a Marruecos, de tal manera que Rabat no puede negociar en su nombre ningún acuerdo con terceros. Aceptar al Gobierno marroquí como representante de la población saharaui, según Arabi, implica "reconocer la ocupación".
En cambio, el Gobierno de Marruecos ha afirmado que no se considera "aludido de ninguna forma" por el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anula los acuerdos comercial y pesquero y ha "exigido" a la UE y a sus Estados miembros que "adopten las medidas necesarias para respetar los compromisos" firmados, habida cuenta de la alianza "estratégica" entre ambas partes.
El Ministerio de Exteriores marroquí ha afirmado que Rabat no ha participado en el proceso judicial, situando a la UE "en una parte" del tablero y, en la otra, al Frente Polisario, de quien partió precisamente el recurso. Carga contra el contenido de la sentencia, pues Rabat entiende que incurre en "errores jurídicos evidentes" y en análisis "sospechosos".
El Gobierno marroquí, que cree que el TJUE busca "sustituir" a los organismos de la ONU responsables de esta disputa territorial, ha dejado claro que en ningún momento suscribirá acuerdo alguno "que no respete su integridad territorial y su unidad nacional", dentro de la cual sitúa al Sáhara Occidental.
Finalmente, Marruecos lanza un aviso directo al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y a los Estados miembro, para respetar los compromisos, así como dotar al reino alauí "de la seguridad jurídica a la que tiene derecho".
