En este sentido, Melero, en referencia a las últimas irregularidades detectadas en el año 2007 “considera probado que durante los últimos cuatro años (2004-08), hubo una salida de vehículos multados sin abonar la tasa municipal obedeciendo a directrices políticas”, lo que considera Melero “que podría ser constitutivo de delito”. Una opinión que también ha ratificado el PIVG de Jesús Mayoral.
El llamado caso de la caja B, se refiere a la gestión del cobro de las multas de aparcamiento desde 1999 hasta 2007. La Comisión de Investigación ha trabajado en el último año en dilucidar si existió la citada caja B y si se incurrió en malversación con el dinero que supuestamente se ingresaba en la misma.
Según las conclusiones de Melero, queda demostrado que en la época 2000/03 se heredó “una situación irregular” en la Delegación de Seguridad Ciudadana, ya que existían facturas que se incluían junto con la recaudación.
Explica el concejal en su escrito, que “no está demostrado que esta situación se conociera en el Equipo de Gobierno, aunque sí lo supieron los distintos Concejales de Seguridad Ciudadana, y que en el período 2000/2003, el responsable de dicha delegación no hizo nada para remediarlo”.
Sin embargo, “el titular de Seguridad Ciudadana en el período 2004/2008, sí observó que la situación podría ser irregular y la recondujo dando cuenta a los organismos fiscales municipales de todas las entradas y salida de dinero de la Policía Local”.
PSOE
Durante el Pleno, Juan Carlos Ruiz Boix criticó que “a pesar de la advertencia explícita de la Interventora de Fondos y del Tesorero Municipal se han filtrado documentos de forma interesada por miembros del gobierno municipal con el único objetivo de dañar mi imagen, la de mi familia y la del PSOE, así como para generar una cortina de humo que tape la realidad de la existencia de una caja B durante el primer gobierno de Fernando Palma, y que hoy transcurrido siete años, aún desconocemos el destino de los 55.500 euros recaudados”.
Otros cinco documentos 'exentos' de la grúa
san roque | Referente a la supuesta irregularidad en la salida de vehículos retirados de la vía pública durante los años 2004-08 revelada ayer por este diario, el PSOE, excepto el caso del familiar de Juan Carlos Ruiz Boix, no explicó ayer los supuestos casos de vehículos relacionados con los también concejales socialistas de esa legislatura, y miembros del equipo de gobierno, Miguel Núñez y José Guillén, además de otros tres casos más.
No obstante, el portavoz del grupo socialista Juan Carlos Ruiz Boix señaló ayer que “es cuestión de estudiar caso por caso, pero seguro que también existen razones lógicas; el PSOE nunca ha dado órdenes para evitar el pago de multas de la grúa”.
Según documentación a la que ha tenido acceso este diario, existen documentos oficiales de retirada de vehículos procedentes de la grúa con la calificación de exentos de pagar las distintas sanciones. Estos datos fueron revelados parcialmente durante la sesión del 14 de junio de la Comisión de Investigación relacionada con la caja B y corroborados por los distintos policías locales interrogados en dichas sesiones.
