El apoyo del diputado del BNG Néstor Rego a la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez incluye 22 puntos centrados en infraestructuras, autogobierno y lengua gallega y una serie de compromisos para la capital gallega, entre los que se incluye una financiación extra al Consorcio de Santiago de Compostela.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, incluye como ya se había adelantado garantías para que Galicia mantenga la misma posición que las otras dos nacionalidades históricas --Cataluña y Euskadi-- y para ello el acuerdo dice textualmente que el candidato y el Gobierno (futuro) se comprometen a que "cualquier modificación de la estructura del Estado asegurará a Galicia el mismo estatus que las otras dos".
Otro de los puntos más significativos del pacto de investidura entre el BNG y el PSdeG se centra en la deuda, toda vez que, precisamente, es uno de los aspectos que han causado la mayor polémica por las negociaciones con los independentistas catalanes. Así, el acuerdo recoge que "en caso de condonaciones totales o parciales de la deuda adquirida por comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)" se establecerán "medidas compensatorias análogas para Galicia, en el marco de las compensaciones" a las comunidades que no hicieron uso del FLA, como es el caso gallego.
El acuerdo de los nacionalistas gallegos con los socialistas, que se firma este mismo lunes por la líder del Bloque, Ana Pontón, y la ministra en funciones María Jesús Montero, además de los miembros de la comisión negociadora José Ramón Gómez Besteiro (diputado y candidato del PSOE a la Xunta) y Néstor Rego (diputado en el Congreso), también aborda el autogobierno para Galicia.
Así, el documento compromete a "avanzar en el refuerzo de capacidad de decisión" de autogobierno mediante la propuesta de una convocatoria de comisión mixta de transferencias Estado-Xunta, antes de finalizar el año 2023, con el fin de "programar a lo largo de la presente legislatura la activación de la transferencia de la totalidad de competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia", así como las competencias que fueron objeto de consenso en el Parlamento de Galicia.
El BNG y el PSOE también incluyen en su acuerdo el compromiso de ampliar el permiso de maternidad y paternidad a 20 semanas y garantizar la actualización de las pensiones conforme al IPC, así como incrementar las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea. Asimismo, compromete al Gobierno a "aportar el 50 por ciento" que le corresponde a la Administración del Estado para financiar la Ley de dependencia y a garantizar que no se produce doble tributación en el caso de las pensiones del extranjero de los emigrantes retornados.
INFRAESTRUCTURAS
En el marco de las infraestructuras, como ya se había avanzado, recoge que en los presupuesto del Estado de 2024 se incluirán nuevos descuentos para las autopistas AP-9 y se amplían a la AP-53, de forma que para los usuarios súper recurrentes se incrementan del 20 al 50 por ciento actual y se caminará hacia la gratuidad de los peajes.
También se llevará a cabo un plan plurianual 2024-2028 de actuaciones urgentes en la red viaria gallega; actuaciones en todos los tramos de concentración de accidentes; finalizar en 2024 la autovía Santiago-Lugo; agilizar los trabajos en el viaducto de O Castro en la A-6 con plazos concretos para antes de finales de 2024; estudiar actuaciones de mejora en la N-6; impulso de la variante de A Estrada; búsqueda de soluciones para terminar el segundo tramo del paseo Pontevedra-Marín; y estudio de seguridad de la N-550.
Sobre la red ferroviaria, se incluye en el pacto un plan integral para la modernización de la red ferroviaria de Galicia que pasa por realizar un estudio para la implantación de un tren de proximidad (cercanías); impulso a actuaciones del Corredor Atlántico; modernización de la línea Guillarei-Ourense; avanzar en la electrificación de la línea ferroviaria A Coruña-Lugo entre Betanzos y Lugo; iniciar en 2023 los trámites para la ejecución del baipás de Betanzos; culminar el estudio funcional en curso entre A Coruña y Ferrol; licitar en 2024 un estudio de una variante entre Curtis y Ordes que facilite la conexión entre Lugo y Santiago; y recuperar las frecuencias previas a la pandemia, así como estudiar un aumento de los servicios y el trato homogéneo a los usuarios del FEVE Galicia que en otras comunidades.
El acuerdo también compromete a un plan de sustitución y mejora del material rodante en los servicios Vigo-Oporto y estudiar la mejora de las frecuencias. Se mantendrán las reducciones en los abonos de transporte y se seguirá con el saneamiento de la ría de O Burgo.
ACUERDOS PARA SANTIAGO
Sin salir de las infraestructuras y con atención a la capital gallega, el acuerdo incluye la denominación de Daniel Castelao para la estación intermodal, que ya tiene el consenso de la unanimidad del pleno de la capital gallega.
Compromete, asimismo, elevar la cofinanciación del Estado con Fondos Next Generation en la EDAR de Santiago de Compostela del 65 al 80 por ciento, para lo que se actualizará el esquema financiero recogido en el convenio a través de una addenda. Además, la Administración del Estado incrementará en un 10 por ciento anual (con base fija en 2023) su aportación al Consorcio de Santiago en los próximos tres años --2024, 2025 y 2026--.
Entre los 22 acuerdos, que también pasan por la creación de una comisión de seguimiento del pacto que se reunirá cada cuatro meses (o cada vez que una parte lo solicite), también incluye la declaración y reparación en relación con el consejo de guerra y condena la muerte a Alexandre Bóveda, anulado por la Ley de Memoria Democrática.
También se recogen acuerdos vinculados con la lengua propia, con el compromiso de financiar la adaptación del gallego a la nueva era digital, dotando con 15 millones de euros, en el periodo 2024-2027 los proyectos con implicación de la Universidade de Santiago de Compotela y la Xunta, así como dar más peso del gallego en el conjunto del Perte 'Nuevas Tecnologías de la Lengua'.
Asimismo, el Gobierno "dará eficacia" a lo regulado en la ley del Audiovisual en lo referido a garantizar los contenidos destinados al público menor de 12 años, y hará un auditoría sobre el uso de las lenguas oficiales en las webs de la Administración General del Estado para "corregir deficiencias o incidencias detectadas".
