El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha trasladado este miércoles "tranquilidad" al sector mar-industria, subrayando que el Ejecutivo central "garantiza seguridad jurídica" a las empresas gallegas, pese al recurso de la nueva Ley del Litoral de Galicia.
Así lo ha señalado en un audio difundido a los medios de comunicación, en el que Blanco carga contra la "campaña de desinformación" que, a su juicio, está llevando a cabo la Xunta, "que en vez de estar trabajando para que dicha ley se enmarque en la Constitución y no invada competencias estatales, continúa con su política de confrontación con el Gobierno, que no beneficia a los gallegos".
Según él, el Ejecutivo seguirá trabajando en la misma línea, "garantizando el futuro del sector mar-industria en Galicia, como se ha demostrado en los últimos cinco años". Al respecto, Blanco ha recordado que el Gobierno "siempre se ha caracterizado por una gestión responsable y equilibrada de la costa", otorgando 55 concesiones solicitadas "para que las empresas continúen con su actividad".
"Quiero trasladar al sector un mensaje de tranquilidad. Garantizamos la seguridad jurídica y reitero, garantizamos las actividades de las empresas gallegas", ha sentenciado el delegado, solicitando a la Xunta "lealtad institucional" y "diálogo" para buscar soluciones "dentro del marco jurídico de la Constitución".
Todo ello después de que el Gobierno central recurriese al Tribunal Constitucional la Ley del Litoral de Galicia por añadir de forma "unilateral" el mar a su territorio, según señaló la semana pasada la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
El recurso va contra un 40% de la normativa ya que, a su juicio, "se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre".
Fue a principios de julio cuando el Parlamento de Galicia aprobó dicha ley, que contempla la asunción por parte de la Xunta de las competencias en gestión del espacio marítimo terrestre, definidas en el Estatuto de Autonomía y que el Gobierno gallego quiere empezar a ejercer una vez reciba los medios, tanto personales como económicos, para hacerlo de manos de la Administración del Estado.
