Llega el juicio en contra el artista Invader por sus mosaícos en espacios monumentales

 El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar la próxima semana al artista urbano francés Invader y al exdirector del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, Fernando Francés, por un delito continuado sobre el patrimonio histórico, por "invadir" Málaga de mosaicos en mayo de 2017.

Fuentes judiciales han indicado a EFE que la vista oral está prevista que se celebre los días 12 y 13 de julio a las 9:30 horas.

El fiscal mantiene que Invader, ayudado por otras personas no identificadas que actuaban bajo su dirección, colocó quince mosaicos integrados por azulejos que adoptaban una forma similar a las figuras de videojuego pixeladas en paredes de diversos edificios del conjunto histórico.

El escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE, señala a Fernando Francés como el inductor de la acción, ya que presuntamente fue la persona que propuso, apoyó y programó "la invasión" de la ciudad a Invader, considerado el autor material.

El entonces director del CAC se reunió en París a finales de 2015 con el artista para proponerle, junto con otros proyectos, el de la "invasión" de Málaga, y para ello lo invitó a visitar la ciudad, para que conociera las instalaciones del Centro de Arte Contemporáneo y escogiera los lugares donde se colocarían los mosaicos.

Según el ministerio público, la primera visita de Invader fue en la primavera de 2016 y estuvo organizada por personal del CAC y del Museo MAD de Antequera (Málaga) con la intención de localizar los lugares adecuados para la colocación de los mosaicos.

La visita definitiva para la instalación de los mismos se produjo entre el 15 y el 24 de mayo de 2017, cuando Invader vino a España junto con otras dos personas y, posteriormente, regresó a París.

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado sobre el patrimonio histórico y pide que cada uno sea condenado a 36.000 euros de multa y, en responsabilidad civil, que indemnicen a los propietarios de los edificios afectados por los gastos ocasionados en la retirada de los mosaicos y reparación de las fachadas.

El artista, siempre según la versión del fiscal, fue ayudado por personas que no han sido identificadas para colocar los mosaicos y lo hizo "en la absoluta carencia de autorización administrativa y que tampoco recabó el permiso de los titulares de los edificios afectados".

Los azulejos se pegaban entre sí mediante una especie de resina plástica y la fijación del mosaico a la pared se efectuaba mediante silicona con cemento, por lo que se produjo un daño por la alteración en las fachadas originales, además de los daños que dejaron tras la retirada.

Los quince mosaicos se colocaron en edificios situados dentro del sector delimitado como Bien de Interés Cultural con la tipología de conjunto histórico y dos de ellos, en edificios singularmente protegidos: El Palacio Episcopal y el Palacio de Salinas.