El juez Mohan P Tiwari ha declarado culpables a estos directivos de "muertes por negligencia", "homicidio no equivalente a asesinato" y "negligencia grave". Los convictos --entre los que figura el entonces director de Union Carbide India, el indio Keshub Mahindra, de 85 años de edad y actual director de la principal empresa india de automoción industrial, Mahindra & Mahindra-- han sido condenados a dos años de cárcel con derecho a fianza, deberán pagar una multa de 100.000 rupias (unos 1.775 euros) y podrán apelar ante un tribunal superior, lo cual podría iniciar un proceso que duraría años.
En total, durante el proceso comparecieron 178 testigos de cargo y ocho testigos de la defensa y se examinaron 3.008 documentos. El veredicto y la sentencia sólo afectarán a los dirigentes indios de la desaparecida Union Carbide de India, que ha sido condenada a una multa de 500.000 rupias (10.600 dólares, casi 8.900 euros). Union Carbide fue confiscada por el Gobierno indio en 1989 y adquirida diez años después por la compañía estadounidense Dow Chemical.
El tribunal no ha hecho mención alguna al que fuera director de Union Carbide Corporation durante las fechas del desastre, el estadounidense Warren Anderson, quien fue encausado por la Policía india tres años después del escape de gas, detenido y posteriormente excarcelado tras el pago de una fianza. Desde hace 23 años está huido de la Justicia. Un noveno acusado, el entonces gerente adjunto para Bombay de Union Carbide India, R B Roy Choudhary, falleció durante el procesamiento.
"Ridículo"
"Vamos a luchar por la justicia hasta el final, esto no es justicia, esta compensación es ridícula", declaró un activista y víctima del desastre, Rasheeda Bi, al Servicio de Noticias India Blooms (IBSN).
"Esto demuestra que el sistema judicial indio es defectuoso y débil", prosiguió. "Esto demuestra que nuestros gobiernos, nuestros primeros ministros, no han hecho nada en favor de las víctimas y el mundo entero lo ha podido ver", agregó.
Cientos de activistas se concentraron delante del tribunal, con pancartas en las que se leían lemas como "Horca para los culpables" o "Traidores a la nación". "Este castigo no basta, yo perdí a mi hijo, amu hermano menor y a mi padre y aún sufro pesadillas", declaró Ram Prasad, un aldeano de 75 años de edad.
"No es un catigo ejemplar que disuada a las empresas de repetir un desastre como el de Bhopal, no hay nada de qué alegrarse", declaró a Reuters otro ativista por los derechos de las víctimas, Rachna Dhingra.
"El aplazamiento de la justicia supone, de hecho, su denegación", reconoció el ministro indio de Justicia, N. Veerappa. "Lo más desafortunado ha sido el tiempo excesivo que se ha necesitado para emitir el veredicto", agregó ante los periodistas.
El escape y sus consecuencias
En la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, la fábrica de pesticidas de Union Carbide en Bhopal sufrió un escape de alrededor de 40 toneladas métricas de metilo tóxico isocianato (MIC), un gas que se extendió por toda la ciudad.
Aparte de las personas que murieron de inmediato, que el Gobierno estima en alrededor de 3.500, al menos 15.250 fallecieron en las siguientes semanas por inhalar el gas o consumir agua contaminada. En total, las cifras de muertos oscilan entre los 20.000 y los 25.000, tanto en los primeros momentos como en los años siguientes.
Aparte, se estima que al menos 150.000 personas padecen problemas de salud relacionados con la exposición a los gases. Según las ONG internacionales que han actuado en el caso, los supervivientes de la catástrofe sufren afecciones como fibrosis pulmonar, falta de visión, asma, tuberculosis, pérdida de apetito, ciclos menstruales irregulares, fiebre recurrente, desórdenes neurológicos, debilidad y depresión. Decenas de miles de niños nacidos después de la crisis sufren problemas de crecimiento y desarrollo. La cifra de niños nacidos muertos se triplicó y las muertes durante el parto se duplicaron.
Por otra parte, en la ciudad permanecen los restos abandonados de la fábrica, lo cual, en opinión de los ecologistas, "constituye un desastre dentro de un desastre". El Gobierno indio ha asegurado que los diversos estudios gubernamentales no han encontrado prueba alguna de contaminación en la zona, pero los informes del Centro de la Ciencia y el Ambiente (CSE) indican que las muestras tomadas en un diámetro de tres kilómetros alrededor de la fábrica arrojan unos resultados de una incidencia de sustancias tóxicas 38,6 veces superior a la media.
Según las ONG internacionales, las primeras horas que siguieron al escape fueron fatales. Union Carbide, aseguran, se negó a informar de la composición concreta del vertido --en un principio afirmó que se trataba de un potente gas lacrimógeno--, por lo que los primeros diagnósticos y tratamientos fueron erróneos. Aparte, la tardanza con que llegaron las indemnizaciones tardías también impidió que los afectados tuvieran acceso a una atención médica adecuada.
Asimismo, los diversos informes han revelado que, en la noche de la catástrofe, seis de las medidas de seguridad de prevención de escapes de gas no funcionaron correctamente, fueron desconectadas o resultaron inadecuadas. Además, la sirena de alarma estaba desconectada.
Por otra parte, el almacenamiento de grandes volúmenes de isocianato de metilo en un área densamente poblada como Bhopal contravenía la política de prevención que Carbide aplicaba en otras plantas: 67 toneladas frente al 0,5 de máximo permitido en Europa. Además, las medidas de seguridad en materia de refrigeración de los tanques de almacenamiento se redujeron para recortar costes, al igual que la plantilla de mantenimiento. El periodo formación de los trabajadores también se redujo, de las 24 semanas habituales a 15 días. Nunca se diseñó un plan de emergencia.
La responsabilidad no recae sólo en la empresa. Las autoridades indias ignoraron las protestas contra la construcción de la planta a sabiendas de que las normas de control de seguridad y medioambiental no se cumplían. Según las ONG --entre las que figura Amnistía Internacional--, esta "connivencia" con la multinacional se repitió posteriormente en los tribunales.
Union Carbide fue objeto de innumerables denuncias ante los tribunales, en especial por los afectados que perdieron su capacidad para trabajar. En 1989, el Gobierno indio, sin la autorización de los afectados, aceptó un acuerdo extrajudicial por 470 millones de dólares: con esta suma se liquidó oficialmente la responsabilidad civil de la compañía.
Posteriormente, ante la presión popular, el Tribunal Supremo autorizó la reapertura del expediente, y ordenó al Ejecutivo que negociara un seguro médico para los 100.000 individuos que presentasen síntomas con el paso de los años. Según Greenpeace, "muy poco se ha hecho en realidad".
En Estados Unidos se han presentado más de 140 causas civiles en los tribunales federales. Todos ellos siguen pendientes. En 1999, Union Carbide fue comprada por la multinacional Dow Chemical, que se convirtió en la primera química del mundo y que desde entonces se ha negado a asumir cualquier responsabilidad. A finales del pasado mes de mayo, Amnistía Internacional denunció la "impunidad" de la que gozan los estadounidenses responsables de la fuga.
