La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha resuelto finalmente mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, el juicio previsto para este miércoles contra cuatro acusados para los cuales la Fiscalía reclamaba penas de entre once y 12 años de cárcel, por secuestrar presuntamente a un cortador profesional de jamón en una vivienda del Polígono Norte y golpearle repetidas veces para arrebatarle dinero. Mediante dicho acuerdo, todos ellos han reconocido los hechos, aceptando penas que suman dos años y tres meses de cárcel para cada uno de los encartados.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los hechos se remontan al 18 de marzo de 2020, pocos días después de ser decretado el primer estado de alarma contra la pandemia de coronavirus Covid-19, cuando un cortador profesional de jamón desembarcó en Sevilla procedente de Madrid y París (Francia), siendo requerido al día siguiente por el acusado Rafael C.E., conocido como Falito y con numerosos antecedentes penales a sus espaldas, porque "necesitaba dinero".
Así, y según la Fiscalía, el cortador profesional de jamón acudió a la zona de la vivienda de Rafael C.E., conocido como Falito, en la calle Hermano Pablo del Polígono Norte de Sevilla capital, un lugar que "conocía como punto de consumo de estupefacientes", y allí prestó 1.500 euros al citado encartado, para después acceder al domicilio para consumir drogas como cocaína base "con otras personas a las que invitó".
Cuando el citado cortador profesional de jamón y Falito quedaron solos en la vivienda junto con varios "consumidores" más, según la Fiscalía, el segundo de ellos pidió "más dinero" al primero, que se negó a dárselo.
Entonces, según el relato de la Fiscalía, Falito, junto con el resto de procesados, que son Roberto J.P., José Antonio R.R. y Miguel Oliver M.D., todos ellos con antecedentes penales, abordaron al cortador de jamón, "le llevaron a una habitación de la vivienda, la cerraron y le agredieron con puñetazos y patadas, apoderándose de su cartera y de 1.500 euros" que había en su interior, así como de sus dos tarjetas bancarias y de su teléfono móvil, "para que no pudiera llamar y pedir ayuda, reteniéndolo toda la noche".
Al día siguiente, siempre según el Ministerio Público, "le obligaron a desplazarse junto a Falito a una sucursal bancaria para sacar más dinero", en "circunstancias de coacción e intimidación", consiguiendo que el afectado extrajese 950 euros de sus cuentas bancarias para conducirlo de nuevo al domicilio de la calle Hermano Pablo.
Allí, según la Fiscalía, los encartados "golpearon" de nuevo a la víctima hasta conseguir que les confesase los números clave de sus tarjetas bancarias, tras lo cual Falito "acudió en los días sucesivos al mismo cajero, mientras los otros acusados vigilaban a la víctima y lo retenían contra su voluntad". Tras comprobar que ya no quedaba dinero en las cuentas bancarias del afectado, según el Ministerio Público, los encartados le habrían seguido agrediendo con el aviso de que no le dejarían en libertad hasta obtener de él 6.000 euros.
La madrugada del 25 de marzo, según el relato de la Fiscalía, agentes de la Policía Nacional intervenían ante un robo con violencia en el Polígono Norte, persiguiendo a tres varones que se refugiaron en la mencionada vivienda de la calle Hermano Pablo, a la que accedieron una vez les fue "franqueada la puerta".
En el piso, según el escrito de la Fiscalía, los policías arrestaron a Falito, Roberto J.P. y José Antonio R.R., localizando además a Miguel Oliver M.D. y escuchando "a una persona que pedía auxilio". Así, y siempre según la Fiscalía, los agentes descubrieron en una habitación del piso al cortador de jamón "tumbado en el suelo y con la cabeza tapada con un chaleco anudado a su cuello".
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de detención ilegal, otro de robo con violencia y un delito leve de lesiones, con la agravante de reincidencia en el caso de tres de los inculpados; reclamando inicialmente para Falito 12 años de cárcel y una multa, para Roberto J.P. once años de prisión y una multa, para Miguel Oliver M.D. 12 años de cárcel y multa y para José Antonio R.R. once años de privación de libertad y multa, así como que a todos ellos se les impusiese la prohibición de acercarse a la víctima durante dos años.
No obstante, el asunto ha sido resuelto mediante un acuerdo entre las representaciones de los acusados, la acusación particular y la Fiscalía.
De este modo, los cuatro acusados han reconocido los hechos, siéndoles aplicadas las atenuantes de drogadicción y de reparación del daño al haber abonado ya la responsabilidad civil que se les reclamaba, aceptando cada uno de ellos las penas de un año y medio de cárcel por el delito de detención ilegal, nueve meses más de prisión por el delito de robo con violencia y multa de 180 euros por el delito leve de lesiones.
