El sector pesquero de Sanlúcar de Barrameda y el del Golfo de Cádiz vive con preocupación desde finales del pasado mes de junio, cuando la Unión Europea ha propuesto prohibir la pesca de fondo en 94 áreas que afectan desde las costas gaditanas hasta el mar de Irlanda, afectando a España, Portugal, Francia e Irlanda. La normativa afecta a barcos que faenan con palangres de anzuelos, redes de arrastre u otras que tocan el suelo marino.
La Unión Europea sustenta esta medida en la protección de unas zonas donde “hay o podría haber ecosistemas de alto valor” en zonas de entre 400 y 800 metros de profundidad, aunque en el caso del Golfo de Cádiz hay zonas incluidas que se encuentran a 120 metros de produndidad, según ha detallado a este medio el técnico de la Cofradía de Pescadores, José Carlos Macías, que participa en los grupos de trabajo creados en dpor la Plataforma Europea en defensa de la Pesca de Arrastre.
De continuar adelante afectaría a un 10% de la flota de Sanlúcar que faena en el caladero afectado, unas áreas del Golfo de Cádiz frente a las costas de Huelva (zonas de las playas de Doñana) donde acuden los barcos a la pesca de la cigala y la gamba roja de altura. Rechazo de España La unidad del sector pesquero “es total en este sentido”, explica Macías.
Ayer mismo tuvo lugar una reunión preparatoria con la secretaria general de pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, con el objetivo de establecer los argumentos por los que España va a mostrar su rechazo a esta medida, sobre la que ya votó en contra en el Parlamento Europeo. Pese a estar de acuerdo con la filosofía de protección del fondo marino, España considera que para la aprobación de esta medida no se ha dado audiencia a un sector que vive con el incertidumbre ante la posible pérdida de áreas para el desarrollo de su actividad ni tampoco se ha demostrado la existencia de ecosistemas vulnerables.
El sanluqueño Javier Garat, secretario general de Cepesca, tendrá un papel clave en las negociaciones que se llevan a cabo para “dar la vuelta” a una medida que el sector del arrastre considera que va en la línea de “demonizar el arrastre” y que podría tener graves consecuencias socioeconómicas en cada uno de los territorios de España que se ven afectados por las zonas en las que la Unión Europea ha decretado la prohibición de la actividad pesquera. Uno de los principales argumentos que España alega en contra de la normativa es la “escasa precisión” de los informes que avalan la medida.
“El hecho de que señalen que ‘hay o podría haber ecosistemas de alto valor’ es muestra de que la Comisiçon utiliza el informe ICES de manera sesgada”, sostiene José Carlos Macías, quien señala, además, que incluso el Instituto Español de Oceanografía (IEO) cuestiona el reglamento aprobado ya que no se sustenta en el informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) sino que lo interpreta intencionadamente para prohibir la pesca sin tener medidas concluyentes. “Si no tienes la certeza, no lo prohíbas. En todo caso, estúdialo”, añade.
El sector pesquero español aúna ahora fuerzas para salir en defensa de sus caladeros en contra de la política de la Unión Europea por esa medida, que entra dentro del paquete de acciones de la UE con tendencia a eliminar la flota de arrastre, un sector que en Sanlúcar cuenta con 54 barcos y que supone el “pulmón” de la actividad pesquera local, que aporta a la lonja en torno al 60-70% de la producción pesquera de Sanlúcar lo aporta el arrastre.
