La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto acoger desde este lunes el juicio contra una mujer de 73 años para la que la Fiscalía pide una pena de 17 años de prisión al acusarla de incendiar la casa que compartía con su hija dependiente, de 44 años, en Lecrín (Granada), con el supuesto "propósito de poner fin" a la vida de ambas.
Así consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, y que detalla que, en torno a las 2,00 horas del 13 de agosto de 2021 y "siendo perfecta conocedora del riesgo vital que, con su conducta, generaba", la procesada supuestamente "se hizo con dos bombonas de butano de las más de nueve con las que contaba en la vivienda".
Entonces, habría colocado una en el dormitorio y otra en el salón-comedor, "ambas estancias de la planta baja de la vivienda",
abierto "las espitas de las bombonas" y cortado las "gomas" con "la finalidad de que saliese el gas que contenía y seguidamente aplicó llama", provocando "una explosión por combustión", según el fiscal, que considera los hechos como constitutivos de delito de homicidio en tentativa en concurso con otro de incendio en relación con otro de daños.
Ello derivó en un incendio en la vivienda "que dio lugar a que, de un lado, se quemase una mesita de madera del dormitorio y, de otro, en el salón, amén de quemarse el sofá", que "se derrumbase la pared que separaba la citada estancia del pasillo".
Los bomberos consiguieron apagar el fuego a su llegada tras ser avisados, mientras que los agentes de la Guardia Civil personados detuvieron a la madre, que está en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el pasado 14 de agosto. No sufrió lesión alguna, y tampoco su hija.
A juicio de los Tedax, "pudo haber habido un peligro grave para la vida e integridad física de los moradores, así como para las propias viviendas" colindantes, algunas de las cuales se hallaban habitadas en el momento de los hechos, precisa el fiscal, mientras que el ex esposo de la procesada, dueño de la casa, reclama por los daños ocasionados al inmueble, valorados en más de 4.000 euros.
Se da la circunstancia de que la acusada había escrito, "con su puño y letra, dos cartas" a la Guardia Civil de Guadix y de Dúrcal en las que "justificaba" su conducta en "problemas personales de diversa índole" como "divorcio, presunta discapacidad de su hija" o falta de ingresos, "llegando incluso a concretar y solicitar la forma, lugar y modo en el que deseaba se les diese sepultura".
De la hija, el fiscal detalla que "presenta analfabetismo así como limitaciones por áreas y grados de afectación que, por su cuadro, le impiden parcialmente" la toma de "decisiones económico-jurídico-administrativas, habilidades para manejo de vehículos y/o armas" o "en relación a procedimientos judiciales", todo ello "habiéndose cronificado su evolución", que es "difícilmente reversible por la falta de estudios y de recursos".
