La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto juzgar, en el edificio judicial de Caleta, desde este miércoles un caso en el que la Fiscalía ha pedido seis años de prisión y multa de más de un millón de euros para el acusado principal en una causa por estafa a la Seguridad Social en la que hay más de 70 procesados por la presunta comisión de un delito de fraude de prestaciones en concurso con otro continuado de falsedad en documento oficial.
En el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, consta que el acusado principal, de 58 años, dio de alta en el régimen de autónomos a una empresa con domicilio en Calicasas para "desarrollar supuestamente una actividad que tenía por objeto el cultivo de cereales, leguminosas y semillas oleaginosas". Desde el 5 de mayo de 2016 se dio de alta en el sistema RED de la Seguridad Social.
Con ello habría creado "un sistema permanente y falsario con el exclusivo fin de realizar altas ficticias en la Seguridad Social y con ello obtener un lucro ilícito propio". Así, "simuló el desarrollo de una actividad agraria inexistente y logró altas masivas en el sistema de la Seguridad Social por los trabajadores contratados".
De este modo, "todos los trabajadores individualmente y en connivencia" con el procesado principal "con el fin de alcanzar de forma ficticia los plazos mínimos de cotización necesarios para engañar al Servicio Público de Empleo Estatal y al Instituto Nacional de la Seguridad Social y obtener ilícitamente prestaciones o subsidios de los mismos en detrimento del erario público".
Para ello, supuestamente "presentaron ante esos organismos solicitudes de prestaciones y certificados de la mencionada empresas" que habrían resultado ser "mendaces, deformando la realidad fáctica en aras al apoderamiento ilícito pretendido". En este contexto, los acusados habrían obtenido "ilícitamente prestaciones públicas a cambio de una cantidad de dinero no determinada que abonaron" al procesado principal, que habría ocasionado un perjuicio total de más de 250.000 euros.
Serían "prestaciones ilícitamente obtenidas por el resto de acusados", de los que un total de 12 se enfrentan a penas de dos años de prisión por la presunta comisión de un delito continuado de fraude de prestaciones con la circunstancia atenuante de reparación del daño.
Para otros 23 la Fiscalía pide dos años y ocho meses de prisión por la presunta comisión de un delito continuado de fraude de prestaciones, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Por la presunta comisión de un delito de fraude de prestaciones, hay otra quincena de procesados que se enfrentan a penas de ocho meses de prisión por observar en ellos el ministerio público la atenuante de reparación del daño; mientras que para otros 12 en los que no concurren circunstancias modificativas la Fiscalía pide dos años por este mismo supuesto ilícito.
Por último, hay nueve procesados por supuesto delito de falsedad en documento oficial, que se enfrentan a un año de prisión y multas de 2.400 euros. Hay un acusado por este mismo ilícito en que concurre la agravante de reincidencia para el que el fiscal solicita pena de 18 meses de prisión y multa de 3.000 euros.
